El Gobierno impulsa un paquete de medidas que combina incentivos tributarios, financiamiento para la reconstrucción y flexibilización regulatoria, en un intento por destrabar un mercado marcado por alto stock y baja velocidad de ventas.
Por Leonardo Núñez
El Ejecutivo presentó un conjunto de iniciativas orientadas a reactivar el mercado inmobiliario, en un contexto donde el país acumula cerca de 100 mil viviendas nuevas sin vender y enfrenta un déficit habitacional cercano a 500 mil unidades.
Las medidas forman parte del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y de ajustes regulatorios que buscan dinamizar la inversión y acelerar la venta de viviendas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, detalló que uno de los ejes principales será la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio (FET), que sumará $400.000 millones (unos US$420 millones) adicionales, para financiar la reconstrucción en las regiones afectadas por los incendios de 2026, particularmente en Ñuble y Biobío.
Entre las medidas más relevantes destaca la eliminación del IVA a la venta de viviendas nuevas por un período de 12 meses, con el objetivo de reducir precios y facilitar la absorción del stock disponible. Esta medida apunta directamente a destrabar la demanda, en un mercado donde el acceso al crédito hipotecario sigue siendo limitado.
A esto se suma la creación de un subsidio al empleo formal, orientado a apoyar a las empresas en el pago de cotizaciones y evitar la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la construcción.
El paquete también contempla la reducción de la tasa del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) desde 27% a 23%, en línea con promedios de la OCDE, como una señal para incentivar la inversión privada. Asimismo, se incluyen medidas para reducir la burocracia y agilizar permisos, uno de los principales cuellos de botella del sector.
En paralelo, el Gobierno anunció la eliminación de contribuciones para la primera vivienda en adultos mayores, medida que busca aliviar la carga tributaria y mejorar la capacidad de permanencia en la vivienda.
A nivel regulatorio, se oficializó la extensión por 12 meses de permisos de edificación que estaban próximos a vencer, lo que permitirá resguardar el desarrollo de cerca de 65 mil viviendas a nivel nacional, muchas de ellas concentradas en la Región Metropolitana.
Según el decreto publicado en el Diario Oficial, la prórroga responde a las dificultades que han enfrentado los proyectos debido al encarecimiento de los costos, restricciones de financiamiento y una demanda debilitada. Esta medida se suma a una extensión previa de 18 meses aplicada en 2024.
Desde la industria, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, valoró la iniciativa señalando que “va en la dirección correcta”, ya que permite reactivar proyectos que podrían iniciar obras en el corto plazo y contribuir a la generación de empleo.
No obstante, expertos advierten que estas medidas, aunque necesarias, no son suficientes por sí solas. El gerente inmobiliario de Colliers, Sergio Correa, señaló que la prórroga “protege proyectos viables y evita una pérdida artificial de oferta”, pero advirtió que los problemas estructurales del sector —como el acceso al crédito y la lenta absorción de la demanda— siguen presentes.
En esa línea, el sector privado ha planteado la necesidad de avanzar en una agenda más integral, que incluya la reposición de instrumentos como el Crédito Especial a Empresas Constructoras (CEEC) y la ampliación de subsidios a la tasa hipotecaria.
En paralelo, la discusión legislativa se ha tensionado por el recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales del programa DS49, decisión que fue cuestionada por la Comisión de Vivienda del Senado. Los parlamentarios advirtieron que esta medida podría dejar a miles de familias sin acceso a vivienda en 2026.
