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Tras la votación, el trámite se entendió por cumplido y avanzó a la Cámara de Diputados para sus observaciones.

Por: Redacción EDI

Una buena jornada para el mundo inmobiliario florece de la Sala del Senado, ya que esta jornada se aprobó 13 de los 14 vetos presidenciales presentados por el Ejecutivo al proyecto que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación.

En tanto, la oposición destacó como “un gran avance” la nueva legislación, con las indicaciones del Ejecutivo incluidas, además de marcar una precedente respecto a la vispera de la Comisión de Seguridad Pública visó 10 observaciones ingresadas por el Presidente Gabriel Boric.

Tras la votación, el trámite en el Senado se entendió por cumplido y las indicaciones serán revisadas por la Cámara de Diputadas y Diputados.

En lo relativo a la aprobación de los vetos, se aprobó el primero que buscaba suprimir normas de legítima defensa privilegiada y la segunda observación que entrega tratamiento especial cuando existe violencia en las cosas, que quedará con una pena de cárcel, pero no la misma pena de la usurpación con violencia en las cosas y personas.

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Con 31 votos a favor, tres en contra y una abstención, la sala dio el vamos a la tercera observación, relacionada a, si la usurpación es realiza sin violencia o intimidación en las personas pero causando daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado medio. Si causa daño cuyo importe sea de 40 UTM; remite presidio menor en su grado mínimo a medio. Si excede de 4 UTM y no pasa de 40; y presidio menor en su grado mínimo si causa daños menores a 4 UTM ni baje de 1 UTM.

El cuarto veto se rechazó por 18 votos contra 17 y se refería a eliminar el numeral 3 del artículo 1 sobre usurpación sin violencia en las personas.

La quinta observación aprobada añade que “cuando el hecho se lleve a efecto sin violencia o intimidación en las personas, ni daño en las cosas, la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 UTM. Para imponer la pena mayor, el tribunal deberá tener en especial consideración las siguientes puntos.

Que el imputado haya sido condenado por delito de usurpación antes, que haya desplegado acciones tendientes a eludir la acción de la justicia y que el inmueble haya sido previamente objeto de delito de usurpación y que el imputado tenga conocimiento de aquello”.

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Sobre ello, hablamos con la abogada Jeanette Bruna, quién tomó recientemente la representación familia Correa, víctimas del asesinato de su padre tras denunciar la usurpación de sus terrenos que aún no ha sido desalojado por la autoridad que dispuso una orden de demolició que no ha ejecutado, manifestó que, “ante la impunidad en que han permanecido los usurpadores y los loteadores irregulares y la inactividad de la administración del Estado que redunda en  la permanente desprotección de las víctimas que ven vulneradas sus garantías constitucionales, resultaba necesario avanzar en nueva legislación, y en eso se destaca el avance de la tramitación legislativa”.

En lo relativo al séptimo veto fue aprobado en contra y buscaba suprimir el numeral 5 del artículo 1 sobre el marco penal rígido (18 a favor y 17 en contra). También fue aprobado 18 a 17 el octavo veto que apuntaba a suprimir la detención por flagrancia para llevarla a régimen general, salvo en el caso de las policías.

“La relativización de la figura delicitiva y la amplitud en que queda el concepto jurídico de usurpación “no violenta” genera la legítima preocupación de que el Ministerio Público siga renuente a perseguir estos ilícitos por considerarlos menos graves (como ha sido hasta ahora), y que primen criterios garantistas a la hora del juzgamiento penal, por lo cual más allá de la ley, lo relevante será la política que en la materia tenga est institución y los tribunales, dado que el espíritu de la legislación es relevar los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, de manera de que se concrete un resultado disuasivo”, expresó Bruna, abogada urbanista, académica Derecho Inmobiliario UCEN y academica derecho urbanistico y de la construcción PUCV.

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Respecto a la novena observación que permite que las policías puedan realizar detenciones por flagrancia de forma permanente, esta también fue aprobada, cuestión que pemite, para las detenciones ciudadanas rigen las normas generales (12 horas) y para las policías son permanentes (30 a favor, dos en contra y tres abstenciones).

Asimismo, se visó la modificación número 11 (veto aditivo) que adiciona la restitución anticipada en cualquier etapa del procedimiento, haya sido o no formalizados los imputados, pidiendo el desalojo, acreditando la respectiva inscripción del inmueble. Esto no impide la detención por flagrancia (32 a favor, uno en contra y una abstensión).

“Se debe relevar también el enfático llamado a que la Administración del Estado prevenga estos ilícitos y de solución efectiva cuando se produzcan, decretando los desalojos y demoliciones correspondientes y tomando todas las medidas para su real cumplimiento, no como ha sucedido hasta ahora en que las medidas quedan solo en el papel”, comenta Bruna.

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Oposición valora avances pese al veto

En la antesala de la votación, los senadores opositores por la Región de La Araucanía, Felipe Kast, de Evópoli, y Carmen Gloria Aravena, independiente-Partido Republicano, destacaron el “gran avance” que implica la nueva legislación, con los vetos incluidos.

“El proyecto de ley que estamos aprobando creo que es un gran avance. Uno quisiera haber llegado al 100%, con el veto probablemente llegaremos al 80%, y creo que es un avance sustantivo porque hoy día las usurpaciones tienen impunidad total. Con este proyecto de ley no sería así. Con este proyecto de ley vamos a tener la posibilidad de tomar detenidos, la usurpación pasa de ser una simple falta a ser un delito, y eso se va a poder siempre tomar detenidas a las personas, más allá de que no compartimos el que el juez pueda determinar una multa, pero sí creemos que es un avance sustantivo”, dijo Kast.

“El Gobierno ha hecho un esfuerzo, hay que reconocerlo. A veces no es fácil llegar a acuerdos, pero creo que uno tiene que ser muy objetivo. Estamos mucho mejor de lo que estábamos a partir de este proyecto y sí, efectivamente, vamos a votar algunas cosas a favor porque mejoran el proyecto”, complementó Aravena.

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Desde el Gobierno destacan votación

La votación también fue abordada por el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien aseguró que se valoraron “los buenos argumentos esgrimidos por el gobierno cuando se presentó este veto, despejando todo el debate público que ha existido, muchas veces las consignas que han sido utilizadas por parte de los distintos sectores”.

“Primó un análisis serio respecto de la propuesta que ha hecho el presidente de la República para que tengamos una buena ley”, destacó el secretario de Estado.

Para el otrora presidente del PS, estas propuestas entregarán “herramientas adecuadas y oportunas para el restablecimiento del imperio del derecho con seriedad y proteger a las víctimas, pero también con un marco de sanciones conforme a la gravedad de la circunstancia y la forma en que se comete el delito”.

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Finalmente, Jeanette Bruna y desde la mirada jurídica comenta que, “No resulta lógico que sea más fácil desalojar a un arrendatario incumplidor que a un usurpador, de manera que se debe trabajar por recuperar la armonía normativa y administrativa en tanto avanza el proyecto de ley”.

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