A partir del próximo año, todos los créditos en Chile estarán visibles en tiempo real, lo cual, pese a que promete una mayor transparencia, podría dificultar aún más el acceso a la vivienda.
Por Leonardo Núñez
Empezó la cuenta regresiva. A partir del 1 de abril de 2026 entrará en vigor en Chile la Ley N° 21.680, que crea el Registro de Deuda Consolidada (REDEC), una plataforma administrada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que promete cambiar para siempre las reglas del juego en el sistema crediticio nacional.
La nueva normativa obligará a todas las entidades que otorguen crédito —bancos, mutuarias, cooperativas, retail, cajas de compensación, fintech, entre otras— a reportar en tiempo real la totalidad de las deudas vigentes de sus clientes.
Esta modificación tendrá un impacto inmediato en el acceso a créditos hipotecarios, especialmente para un segmento que ha crecido aceleradamente en los últimos años: los inversionistas inmobiliarios de clase media.
Hasta ahora, muchas personas han construido su patrimonio inmobiliario usando una estrategia conocida como multicrédito: solicitar varios préstamos hipotecarios en distintas entidades, aprovechando que la información crediticia no se actualiza de forma simultánea entre instituciones. En la práctica, esto permitía “parecer” como sujeto de crédito en cada banco, a pesar de tener ya otros compromisos adquiridos.
Además, se utilizaban mutuarias, instituciones no fiscalizadas directamente por la CMF, para obtener financiamiento sin que esa deuda apareciera en los registros tradicionales. Esto abría la puerta a comprar varias propiedades con créditos paralelos, sin que el sistema lo advirtiera.
Pero con la entrada en vigencia del REDEC, todo eso llegará a su fin. Cada peso adeudado, sin importar dónde se haya originado, quedará registrado y será visible para todas las entidades financieras. El multicrédito quedará obsoleto y la posibilidad de simular capacidad de endeudamiento desaparecerá.
Este nuevo marco normativo aportará mayor transparencia y solidez al sistema financiero, pero también restringirá de forma considerable el acceso al financiamiento apalancado, particularmente en un contexto donde las tasas están altas, los plazos son más cortos y los requisitos son más exigentes.
“Quien antes podía financiar tres departamentos al mismo tiempo —uno con una mutuaria y dos con bancos distintos— ahora solo podrá calificar para uno”, advierte Luis Conejeros, CEO de Rabbitts Capital.
Esto reducirá drásticamente el ritmo de crecimiento de quienes utilizaban el apalancamiento como vía rápida para construir patrimonio.
Además, los bancos contarán con una visión completa del endeudamiento total del solicitante, lo que implicará criterios más estrictos de evaluación: se considerarán no solo los hipotecarios, sino también créditos de consumo, leasing, tarjetas y otros compromisos financieros.
El grupo más afectado será el de los inversionistas de clase media, que solían comprar dos o tres departamentos con miras a consolidarse en el mediano plazo. Muchos de ellos dependerán ahora de una mayor planificación, ahorro previo y una mirada más estratégica, menos impulsada por el crecimiento acelerado y más por la estabilidad.
También será el fin de las estrategias de inversión que se apoyaban en pagar el pie en cuotas mientras se obtenía el crédito con instituciones distintas o en tiempos diferentes. Ya no habrá espacio para “engañar al sistema”, enfatiza Conejeros.
El año 2025 será clave: será el último año completo para invertir bajo las reglas actuales. Si bien no se trata de correr a endeudarse sin estrategia, sí es fundamental entender que el escenario cambiará radicalmente.
“Las oportunidades seguirán existiendo, pero el juego será otro. El inversionista deberá moverse con conocimiento, asesoría y planificación tributaria y financiera”, sostiene el ejecutivo de Rabbitts Capital.
