El anuncio del ministro Jorge Quiroz sobre cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, apunta a intervenir directamente los factores estructurales que explican el alto precio de la vivienda en Chile, especialmente el costo del suelo, las exigencias constructivas y los tiempos de desarrollo.
Durante años, en la construcción hemos repetido conceptos que hoy parecen incuestionables: productividad, sustentabilidad, industrialización, transformación digital. Todos son necesarios y urgentes, pero hay una verdad más incómoda que todavía no abordamos con la suficiente seriedad, y es que el sector, no podrá modernizarse de verdad si no invierte en su capital humano.
Los cambios de gobierno siempre representan un punto de inflexión para el mercado inmobiliario. Acá no se trata de optimismo o pesimismo en lo político, sino que de certidumbre regulatoria y señales económicas concretas. Hoy, a solo semanas de la asunción de una nueva administración, nos encontramos frente a un déficit habitacional de aproximadamente un millón de viviendas que no puede seguir siendo tratado como una simple estadística en un informe ministerial.
Hasta hace no tanto tiempo, invertir en una propiedad fuera de Chile era una decisión asociada a grandes patrimonios. Hoy ese umbral se ha desplazado. Aparece con mayor frecuencia en conversaciones cotidianas —familiares o entre cercanos— no como un lujo, sino como una decisión patrimonial: cómo diversificar parte del capital en un entorno más estable.
En el marco de la Operación Renta 2026, los beneficios tributarios asociados a créditos hipotecarios vuelven a ser protagonistas. Sin embargo, su correcta aplicación sigue siendo un desafío para muchos contribuyentes.
El escenario actual del mercado inmobiliario en Chile es, probablemente, uno de los más confusos de los últimos años. No porque falte información, sino porque hay muchas veces donde está poco clara y, en varios casos, todavía en desarrollo. ¿El resultado?: un cliente sobreinformado, pero no necesariamente más seguro.