De los 398.819 adultos mayores propietarios de viviendas afectas al impuesto territorial, 209.175 no reciben actualmente una rebaja total o parcial. Desde AGS Visión Inmobiliaria advierten que el avalúo fiscal puede dejar fuera a propietarios cuyos ingresos no aumentaron pese a la plusvalía de sus viviendas.
Por Tomás Rodríguez Botto
La propuesta para eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores volvió a instalar el debate sobre los criterios, utilizados para determinar el acceso a los beneficios asociados al impuesto territorial.
Actualmente, el sistema considera tanto los ingresos de los propietarios como el avalúo fiscal de sus viviendas. Para julio de 2026, el límite de avalúo establecido para acceder a estos beneficios alcanza los $234.328.604.
De acuerdo con antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII), durante 2025 había 398.819 adultos mayores propietarios de viviendas afectas al impuesto territorial. De ese total, 189.644 personas, equivalentes al 48%, contaban con una rebaja total o parcial en el pago de contribuciones.
En tanto, 209.175 adultos mayores, correspondientes al 52% del universo, no contaban con este beneficio. Los datos del SII no especifican las razones por las cuales estas personas quedaron excluidas, por lo que no es posible determinar cuántas superan el límite de avalúo fiscal y cuántas exceden los umbrales de ingresos establecidos por la normativa.
Para Jocelyn Reyes, abogada y jefa del área legal de AGS Visión Inmobiliaria, uno de los problemas del sistema radica en que el valor fiscal de una propiedad no necesariamente refleja la capacidad económica de quien la habita.
“Lo que se busca es entregar seguridad y certeza a los adultos mayores respecto de la mantención de su hogar, especialmente durante una etapa de la vida en la que probablemente recibirán menores ingresos y enfrentarán mayores gastos asociados a salud y medicamentos”, explica la abogada
La situación puede adquirir especial relevancia en propiedades adquiridas o heredadas hace varias décadas, cuyo valor ha aumentado con el desarrollo y la plusvalía de los sectores donde se encuentran.
Según Reyes, esta situación se concentra especialmente en diez comunas que registran las mayores contribuciones totales semestrales para propiedades de uso habitacional a nivel nacional: Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Colina, Viña del Mar, La Reina, Peñalolén y La Serena.
En estos sectores, el crecimiento del valor de las propiedades puede elevar también sus avalúos fiscales y, con ello, dejar a determinados propietarios fuera de las rebajas contempladas para adultos mayores.
“Las contribuciones, tal como están diseñadas actualmente, no reflejan adecuadamente la capacidad de pago de las personas mayores. Alguien puede recibir una pensión baja, pero quedar fuera de la exención porque el avalúo de su vivienda aumentó. En casos extremos, esa persona podría verse obligada a vender su hogar para cumplir con el pago del impuesto”, sostiene
Como ejemplo, Reyes plantea el caso de una persona que recibe $1 millón mensual y debe pagar $900 mil por una cuota de contribuciones, frente a otra que percibe el mismo ingreso, pero cuya obligación alcanza $90 mil por cuota.
En el primer caso, el impuesto representa una proporción considerablemente mayor de los ingresos disponibles, aun cuando ambos propietarios tengan la misma renta.
“Un adulto mayor puede vivir en una propiedad de alto valor y, al mismo tiempo, contar con ingresos muy limitados. El sistema debería asegurar que pueda permanecer en su hogar sin temor a perderlo por no tener capacidad para pagar un impuesto que, en algunos casos, podría superar ampliamente sus ingresos”, señala Reyes.
Chile necesita construir más viviendas, pero también necesita construirlas mejor. Ese consenso parece cada vez más amplio: requerimos mayor productividad, mejores plazos, más certeza, menos residuos, mejor calidad y soluciones capaces de responder al déficit habitacional con escala. Sin embargo, hay una pregunta que aún no hemos abordado con suficiente profundidad: ¿están nuestros incentivos alineados con ese objetivo?
