El sector inmobiliario, por su naturaleza, se encuentra expuesto a una compleja red de regulaciones que abarcan desde normativas urbanísticas y medioambientales, hasta leyes de prevención de lavado de dinero y protección al consumidor. En este contexto, el compliance ha dejado de ser una mera opción para convertirse en un pilar fundamental que asegura la sostenibilidad y reputación de cualquier empresa del rubro.
Poco se ha valorado el contar con un sistema de gestión de cumplimiento (compliance) en el rubro, pero con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos, se volverá esencial por varias razones claves y no sólo porque la Ley 19.913 en su artículo 3°, obliga informar operaciones sospechosas a los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.