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La reciente modificación al Decreto Supremo Nº47, de vivienda y urbanismo, original de 1992 busca eximir del permiso de edificación y sus trámites a obras. Para muchos, un espaldarazo a las inmobiliarias y constructoras en este alicaído panorama.

Por: Renato Herrera Lagos

Un espaldarazo para el rubro constructor e inmobiliario fue la reciente modificación al Decreto Supremo Nº47 que exime del permiso de edificación y sus trámites de obra a las empresas que desarrollen proyectos. Después de varios casos donde se acentuaron los desacuerdos entre las empresas con la DOM y la Municipalidad que terminaron en tribunales, esta sentencia es una buena noticia para un segmento de la economía que busca levantarse.

En concreto, el Decreto ordena a las municipalidades no cuestionar lo resuelto judicialmente y dejar en los hechos sin efecto lo decidido por los tribunales, en la fase de cumplimiento de algún fallo. Asimismo, señala sobre la existencia de un permiso de edificación y la correspondiente entrega del cartón al reclamante que lo identifique.

Para Sergio Guzmán, abogado de la PUCV y Magíster en Derecho Administrativo, lo relevante es que “habiendo ya quedado asentada judicialmente la existencia de un permiso de edificación, que era precisamente la resolución del DOM que autorizó el loteo DFL Nº 2 con construcción, simultánea, es obligación de esa repartición entregar al promotor inmobiliario el cartón que acredita su existencia y vigencia y la boleta que dé fe del pago de los derechos respectivos. Sin esos documentos, el constructor no puede tampoco cumplir con su obligación de tenerlo exhibido en la obra”.

Señala también que al no hacerlo y reiterar su apreciación de que en realidad no existe permiso de edificación, “la Corte Suprema obliga a la municipalidad a hacer entrega de esos antecedentes dentro de diez días. De continuar recalcitrante, la Corte de Apelaciones de Santiago –que es en este caso el órgano judicial encargado de velar por la ejecución de lo decidido– podrá hacer efectivas las medidas del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, multas de hasta 1 UTM o arresto de hasta dos meses, pudiendo repetir esos apremios hasta que la municipalidad cumpla la sentencia”.

El abogado indica que el gran precedente que se enmarca en este nuevo SCS 42.909-2021 sobre los permisos de edificación en las comunas de Chile, es que más allá de las formas del procedimiento seguido ante los tribunales, las sentencias de éstos deben ser cumplidas por sus destinatarios: “cumplimiento que en un Estado de Derecho resulta también exigible a un órgano estatal. Además, que la Corte Suprema no tolerará que sus sentencias sean desoídas en la etapa de cumplimiento. En suma, los fallos judiciales deben acatarse”.

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