El apoyo del Estado para rebajar las tasas de interés de los créditos hipotecarios es uno de los más esperados por la industria y los compradores, que no han podido convertirse en propietarios por la dificultad de acceder a financiamiento de la banca.
Por Leonardo Núñez
La agenda legislativa del Congreso en materia de vivienda para 2025 –en el que se cumple el último año del actual Gobierno– incluye proyectos de cuyo aprobación dependen millonarias inversiones, el avance en soluciones habitacionales y subsidios para agilizar las ventas de viviendas nuevas, que hoy presentan el mayor sobre-stock en la historia de la industria nacional (sobre 100 mil unidades).
El proyecto que concentra las miradas justamente aborda esta última arista. Se trata de una iniciativa que “establece un subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas”, para lo cual deben modificarse importantes normas, ya que irrogan gasto fiscal, lo cual es materia en el que el Ejecutivo tiene exclusividad en su tramitación.
Tras varias reuniones entre el Ministerio de Hacienda y actores clave del sector, como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), la propuesta legislativa fue ingresada en enero pasado vía Cámara de Diputados, para iniciar su discusión en la Comisión de Hacienda.
De hecho, fue el primer proyecto analizado por dicha instancia el 3 de marzo al reiniciarse el trabajo en el Congreso tras el receso de vacaciones, la cual le puso suma urgencia. En concreto, propone una fórmula mixta de financiamiento, que combina subsidios a las tasas de interés de los créditos hipotecarios y los beneficios del Fondo de Garantía para el Acceso a la Vivienda (Fogaes).
Se proyecta que una vez aprobada, la ley permitiría a las empresas constructoras reanudar proyectos destinados a los sectores medios, muchos de los cuales permanecen pausados debido al stock de viviendas existentes. Un análisis de la CChC estimó que la inversión inmobiliaria en nuevos proyectos privados crecería apenas un 0,4% en 2025, lo que podría cambiar si se da señales a la industria con el avance de este proyecto.
“El crédito hipotecario podrá financiar hasta el 90% del valor total de la vivienda y podrán beneficiarse de compras cuyas promesas se hayan celebrado desde el 1 de enero del 2025. O sea, promesas que ya estén hechas en el curso de este año también van a calificar para este beneficio y se podrán otorgar solicitudes hasta 12 meses después de la publicación de la ley”, explicó, en su momento, el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Otra avance significativo durante este mes tiene relación con temas de seguridad. En el marco de la sobrepoblación que existe en las diferentes cárceles del país, la Comisión de Constitución despachó a Sala el proyecto que exime de trámites y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios (boletín 17312).
Los demás proyectos que tienen cierta viabilidad de lograr avances este año, que estará marcado por en el ámbito político por las elecciones parlamentarias y presidenciales, son los siguientes (todos radicados en la Comisión de Vivienda de la Cámara):
–Modificación la Ley General de Urbanismo y Construcciones para agilizar la obtención de permisos de urbanización o edificación (1° tramite constitucional).
–Fortalecimiento y modernización del sistema de planificación territorial del país (1° tramite constitucional, suma urgencia).
–Obligación de instalar medidas de seguridad en ventanas y balcones de construcciones superiores a dos pisos de altura (1° tramite constitucional).
–Ampliación del plazo previsto para facilitar la regularización de viviendas y otras edificaciones construidas en áreas afectadas por el mega incendio ocurrido en la Región de Valparaíso en el verano de 2024 (1° trámite constitucional).
–Modificación de la ley N° 21.442, sobre copropiedad inmobiliaria, para hacer obligatoria la instalación de mallas de seguridad en departamentos en que habitan menores de edad (1° trámite constitucional).
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