Durante IRE Santiago 2026, realizado en el Teatro Zoco de Lo Barnechea, representantes del ámbito legislativo, jurídico e inmobiliario analizaron los alcances del proyecto de ley que busca establecer nuevos requisitos para ejercer la actividad, con foco en licencias, formación y protección de los consumidores.
Por Tomás Rodríguez Botto
La regulación del corretaje de propiedades volvió al centro de la discusión del mercado inmobiliario, luego de que representantes del mundo público y privado, analizaran los desafíos que enfrenta una actividad que actualmente no cuenta con un sistema obligatorio de acreditación para quienes participan en la intermediación de compra, venta y arriendo de inmuebles.
El debate se desarrolló en el marco de IRE Santiago 2026, encuentro realizado en el Teatro Zoco de Lo Barnechea, que reunió a distintos actores vinculados a la industria, para abordar los cambios que requiere el sector y los alcances del proyecto de ley de corretaje inmobiliario, ingresado al Congreso el pasado 5 de mayo
La instancia contó con la participación del senador Matías Walker; la presidenta de la Asociación de Corredores de Propiedades de Chile (ACOP), Soledad Gaete; el abogado y exdiputado, Gonzalo Fuenzalida (autor de la denominada Ley “Devuélveme mi casa”); y el director de IRE y fundador de Nexxos, Juan Llopis; demás de representantes del mercado inmobiliario
Durante su exposición, el senador Matías Walker explicó que uno de los principales objetivos del proyecto es entregar mayores certezas a quienes participan en operaciones inmobiliarias, tanto desde el punto de vista de los corredores como de las personas que requieren sus servicios.
“Nuestro proyecto de ley que ingresamos en mayo va en la línea correcta. Regular este rubro es importante tanto para los corredores, pero también para los consumidores, saber que las personas que están intermediando cuentan con una licencia, saber que no ha sido condenado por delitos graves, que en el caso de extranjeros tienen una residencia que les permite poder trabajar en Chile, que tengan domicilio conocido, que sepan dónde reclamar en caso de tener cualquier inconveniente”, señaló el parlamentario
Entre los principales cambios que contempla la propuesta, se encuentra la creación de una licencia especial para ejercer como corredor de propiedades, con una vigencia renovable cada cinco años. Además, el proyecto establece la obligación de aprobar cursos impartidos por instituciones reconocidas, junto con mecanismos para que plataformas digitales puedan verificar la validez de las licencias de quienes ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria.
Walker sostuvo que uno de los principales objetivos del proyecto es reducir la asimetría de información en las operaciones inmobiliarias y establecer mayores niveles de transparencia para consumidores y corredores. En esa línea, señaló que la regulación debe permitir diferenciar a quienes ejercen la actividad de manera formal y profesional, asegurando requisitos mínimos de acreditación, aunque manteniendo un sistema de libre mercado respecto de aspectos como las comisiones. “Lo que no puede haber es ausencia de regulación”, afirmó.
Desde el mercado inmobiliario, la discusión también apunta a fortalecer las condiciones bajo las cuales se realizan operaciones que involucran contratos, antecedentes legales y decisiones económicas relevantes para compradores, vendedores y arrendatarios.
El agente team leader de REMAX Principal, Yoordlis Guerra, sostuvo que la intermediación inmobiliaria requiere preparación especializada para desarrollar procesos con mayores niveles de seguridad. “Estas operaciones no debieran quedar en manos de personas sin preparación, sin experiencia o sin las herramientas técnicas, comerciales y legales necesarias para llevar adelante un proceso de forma seria y responsable”, indicó.
Por su parte, el abogado y exdiputado Gonzalo Fuenzalida, abordó los tiempos que pueden involucrar los procesos legislativos y destacó la importancia de mantener la discusión regulatoria como un desafío transversal para la industria.
“Promover la ley dependerá de quien la esté impulsando, en promedio tardan alrededor de dos años para ser promulgadas, pero todos deberíamos empujarla. Siempre hay contingencias, como ahora los temporales, pero tenemos que apoyarla entre todos”, comentó.
El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, en medio de un debate que busca definir las condiciones mínimas para ejercer el corretaje inmobiliario y avanzar hacia un mercado con mayores niveles de formalización, transparencia y protección para los usuarios.
