A raíz de que el Segundo Tribunal Ambiental decidió detener el proyecto de Google Data Center, especialistas entregaron su punto de vista sobre la potestad que tienen los órganos judiciales en temas de medio ambiente al momento de detener una obra la cual ya estaba en ejecución.
El Segundo Tribunal Ambiental decidió detener de manera momentánea el plan de instalar el Data Center de Google Chile que se construirá entre Cerrillos y San Bernardo. En relación a este tema expertos en temas medioambientales brindaron su visión sobre la influencia que tienen los tribunales de este rubro al momento de anular un proyecto que ya estaba en ejecución y que fue anunciado en 2020.
Este proyecto tiene una inversión de 200 millones de dólares y contempla la construcción de un centro en donde se guardan datos tecnológicos y su objetivo es hacer un trazado de conexión eléctrica que pueda unir las subestaciones Pucará de Chena con la Subestación Chena.
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Sobre el poder del tribunal Medio Ambiental, la abogada y académica en derecho urbanístico y magíster en derecho administrativo con mención en derecho ambiental y ordenamiento territorial, Jeannete Bruna comentó que “es la ley la que otorga al tribunal potestades para dejar sin efecto total o parcialmente las resoluciones de calificación ambiental cuando observa alguna ilegalidad. Eso fue lo que sucedió en este caso, se anuló parcialmente y se ordena retrotraer la evaluación ambiental suspendiendo en su totalidad los efectos de la RCA con el cual el proyecto queda impedido de realizar obras, es decir, queda paralizado por causa de la anulación parcial de su RCA”.
Además, Bruna agregó que “Por tanto, atendido que existe la facultad en la ley, lo que debiera analizarse es el fondo del debate, a la luz del principio de trascendencia del vicio detectado en el acto administrativo. Dado que el fallo se enfoca en retrotraer para evaluar el impacto del cambio climático en el factor agua que provocaría el proyecto, en circunstancias que el titular de la RCA había señalado ex post que su proyecto ya no utilizaría el agua para el enfriamiento, con el cual podría estimarse que el vicio detectado por el tribunal ya no era trascendente y quedaba a resguardo la protección del elemento agua, lo que permitiría aplicar el principio de la conservación del acto administrativo con la modificación que fuera necesario introducir a la RCA por el cambio del proyecto”.
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Asimismo, la académica de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central, Jadille Mussa señaló que “la ley no tiene retroactivo, es decir que si tu no incumples acciones no te van a perseguir una vez que sea aprobado tu proyecto y eso pasa significativamente en los pasillos ambientales. La ley ambiental se hace el año 1994, por lo tanto desde ese año hay una instancia que habla que los proyectos tienen que tener un término”.
Además Mussa agregó que “esto misma pasa eneste proyecto que se aprueba en el año 2020, donde la ley del cambio climático ajustada a la ley del decreto supremo 40 donde se determinan cada uno de los aspectos que se tienen que llevar a cabo para dar el cumplimiento de un estudio de impacto ambiental, pero en este caso solo se realiza la declaratoria de impacto medioambiental”.
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Adicionalmente, la académica añadió que “que una de las observaciones que hizo la Municipalidad de Cerrillos junto a otros vecinos, era el uso del agua para el enfriamiento para computadores. Google Chile tiene una aprobación positiva de la dirección general de agua en donde ellos habían determinado que ellos iban a usar cierta cantidad de agua que iba a dar el Acuífero de la cuenca de Santiago que está totalmente saturada. Creo que debería haber una tendencia a ser menos gris esta zona y decir que todo proyecto tiene que ingresar a un estudio de impacto medioambiental con estas miradas complementarias. Encuentro que el Tribunal Ambiental se excedió en sus atribuciones, porque está incorporando temas una vez que estaba aprobado el proyecto”.
Por último, Mussa dijo que “la empresa puede ir a la Corte Suprema y desestimar el veredicto del tribunal ambiental, es finalmente la Corte Suprema que determina si el proyecto sigue en construcción o no”, señaló.