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Entre los antecedentes presentados se alertó sobre gravísimos actos delictivos perpetrados en las cercanías del Edificio Kandinsky.

Por: Redacción EDI

Una denuncia por los graves actos delictivos y la falta de seguridad que han prevalecido en los sectores de los socavones Reñaca-Concón, así como la negligencia por parte de las autoridades competentes en proporcionar las medidas necesarias para proteger los bienes y garantizar la seguridad a todos los vecinos del sector, realizó el diputado Andrés Celis a la fiscal regional, Claudia Perivancic.

“En mi calidad de diputado de la República en representación de todos los vecinos del sector de los socavones Reñaca – Concon, me veo en la imperiosa necesidad de elevar esta denuncia ante el Ministerio Público, dado el escenario crítico que enfrentan debido a una serie de actos delictivos y a la negligencia en materia de seguridad.” manifestó el parlamentario por el distrito 7.

Entre los antecedentes que presentó, se indica que el 13 de enero de 2024, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, envió el Ordinario Nº 67, alertando sobre nuevos y gravísimos actos delictivos perpetrados en las cercanías del Edificio Kandinsky y que desde el 4 de enero los copropietarios han venido expresando sus sospechas acerca de la ineficacia del sistema de guardias de seguridad implementado por la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso.

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En una desoladora visita realizada el sábado 13 de enero, los mismos dueños descubrieron que sus hogares fueron invadidos y ultrajados por delincuentes, dejando registros audiovisuales que ponen de manifiesto la gravedad de la situación. Los criminales tuvieron el tiempo necesario para consumir alcohol y revisar con detenimiento cada rincón de las viviendas. Este atroz suceso tuvo lugar a escasos metros de la caseta de guardia, evidenciando la ausencia total de personal de seguridad en ese momento crucial.

Al respecto el diputado Celis señala que “Los propios guardias de seguridad han confesado no estar capacitados para enfrentar situaciones de tal magnitud y han señalado la falta de turnos, dotación y vigilancia efectiva. Exijo, con firmeza, que se realice una investigación exhaustiva sobre la negligencia en la implementación del sistema de seguridad. Además, se debe abordar de manera inmediata la reparación y sustitución de los daños provocados desde el primer robo, que afectó a la totalidad de los departamentos.

En la denuncia también detalló que ha recibido testimonios, de parte de los residentes afectados, que describen la destrucción, inmundicia y la falta total de seguridad en su hogar después del acto delictivo, asegurando que “el relato de los vecinos se convierte en un llamado urgente a la acción, revelando la vulnerabilidad y el sufrimiento de quienes confiaban en la seguridad de sus hogares. Adicionalmente, me han relatado la cruda realidad de la precaria seguridad en el edificio. Estos relatos resaltan la ineficacia de los guardias para detener a los delincuentes y la desesperante vulnerabilidad de los residentes, que claman por una respuesta eficaz y urgente.”

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Por todo esto es que el parlamentario solicitó al Ministerio Público iniciar una investigación exhaustiva sobre los actos delictivos denunciados, determinar la responsabilidad penal de quienes resulten responsables, y tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y protección de los afectados.

”Solicité encarecidamente al Ministerio Público que inicie una investigación a fondo sobre estos actos delictivos, determinando la responsabilidad penal de todos los que resulten responsables. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para restablecer la seguridad y la confianza de los afectados.”

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Finalmente el diputado Celis destacó que “Esta situación plantea una vulneración flagrante de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile. Los derechos de propiedad, seguridad y tranquilidad están siendo violados, y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes podría considerarse como una omisión en el deber de garantizar la seguridad de la población.”

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