
Multas por más de US$ 75 millones, retiro masivo de anuncios y protestas ciudadanas marcan el choque entre la plataforma de arriendos turísticos y un país tensionado por la crisis habitacional.
Por Leonardo Núñez
La relación entre Airbnb y España atraviesa su momento más crítico. Entre 2024 y 2025, el avance del alquiler turístico en las principales ciudades españolas se transformó en uno de los focos centrales del debate sobre el acceso a la vivienda, empujando al Gobierno a endurecer la regulación y a aplicar sanciones económicas inéditas contra la plataforma estadounidense.
El punto de inflexión llegó en mayo de 2025, cuando el Ministerio de Consumo ordenó a Airbnb retirar cerca de 66.000 anuncios de departamentos turísticos que no contaban con licencia, presentaban datos falsos o eran gestionados por empresas que se hacían pasar por particulares.
La medida calificada como una “depuración histórica” por la autoridad, dado que buscó frenar la proliferación de alojamientos ilegales en zonas altamente tensionadas, según informó el propio ministerio.
La ofensiva regulatoria se reforzó en julio de 2025 con la entrada en vigor del Registro Nacional Único de Viviendas Turísticas, que obliga a cada alojamiento a contar con un número de identificación para poder publicitarse en plataformas digitales. El sistema apunta no solo a los propietarios, sino también, a las plataformas que se exponen a sanciones si permiten anuncios sin registro válido, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Consumo.
El conflicto escaló hace poco menos de dos meses, cuando España impuso a Airbnb una multa de 64 millones de euros, equivalentes a unos US$ 75 millones, por mantener más de 65.000 anuncios ilegales en su plataforma. Según el comunicado oficial, la sanción es firme en la vía administrativa e incluye la obligación de retirar los contenidos ilícitos y hacer pública la multa, marcando un giro desde la negociación hacia el castigo financiero directo, según consigna la Agencia France-Presse.
Este endurecimiento regulatorio se da en un contexto de fuerte presión social. Entre 2024 y 2025, ciudades como Barcelona, Madrid y zonas turísticas de Canarias vivieron protestas masivas bajo consignas como “España no está en venta”. En Barcelona, organizaciones vecinales vincularon a Airbnb con un alza del 18% en el costo de la vivienda, mientras que en Madrid estudios municipales estimaron que hasta el 93% de los pisos turísticos operaban de forma irregular en 2025, alimentando la indignación ciudadana.
Desde Airbnb, la respuesta ha sido confrontacional. La compañía ha sostenido que el problema de fondo no es el alquiler de corta duración, sino la falta de oferta de vivienda pública y de políticas de largo plazo. En distintas declaraciones, la firma ha acusado además al sector hotelero de presionar para restringir la competencia, argumento que ha sido reiterado tanto en 2023 como en 2025 por portavoces de la plataforma.
El Gobierno español, en cambio, ha defendido la intervención directa en el mercado. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, afirmó que “en España se va a cumplir la ley y no hay empresa, por grande que sea, que pueda operar al margen de ella”, mientras que el Presidente Pedro Sánchez, ha enmarcado estas medidas dentro de una estrategia más amplia para enfrentar la crisis habitacional, en un país que recibió 94 millones de turistas en 2024, cifra récord que tensiona aún más el mercado inmobiliario.
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