Dos años después de la entrada en vigor de la Ley Local 18, que endureció las restricciones a los arriendos de corto plazo, estos alcanzaron máximos históricos y la disponibilidad de departamentos sigue siendo mínima.
Por Leonardo Núñez
En 2023, Nueva York implementó la Ley Local 18, una normativa que buscaba poner fin a los arriendos ilegales de menos de 30 días en plataformas como Airbnb. La medida se presentó con dos objetivos: reducir las molestias a los residentes por la presencia de turistas en edificios residenciales y liberar unidades para inquilinos permanentes. Si bien la primera meta se logró, la segunda está lejos de cumplirse.
Hoy, los arriendos en la ciudad alcanzan un promedio de US$ 4.700 mensuales y la tasa de vacancia en Manhattan es de apenas 2,45 %, cifras que confirman que la crisis habitacional persiste.
“La ley no parece tener un impacto material a la hora de hacer que los alquileres sean más asequibles”, señaló Jonathan Miller, director ejecutivo de la consultora inmobiliaria Miller Samuel.
La aplicación estricta de la normativa redujo de 38.500 a unas 3.000 las unidades de arriendo de corto plazo operando legalmente. Sin embargo, no todas esas propiedades regresaron al mercado tradicional: algunos dueños optaron por arrendarlas por plazos de 30 días o más, o mantenerlas disponibles para uso personal. Esto refuerza la percepción de que la regulación, por sí sola, no resuelve la escasez de vivienda, indica un análisis de “The Wall Street Journal”.
La arista política
El debate político se intensifica en un año electoral. Airbnb, que desde 2008 operaba en un marco ambiguo, ha invertido más de US$ 3,6 millones en campañas municipales para apoyar a candidatos favorables a flexibilizar la normativa. La empresa busca que propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares puedan volver a arrendar por menos de 30 días, especialmente con la expectativa de un alza turística por el Mundial de Fútbol en 2026.
Los sindicatos hoteleros, en cambio, celebran las restricciones. Argumentan que la ley protegió empleos en el sector y mejoró la calidad de vida de los residentes, además de impulsar la ocupación hotelera, que ha superado los niveles previos a 2023. “Sin la ley, estaríamos en una situación catastrófica”, afirmó el empresario Richard Born, propietario de 24 hoteles en la ciudad.
Aun así, persisten dudas sobre la efectividad de la medida como herramienta para frenar la escalada de precios. Expertos apuntan a factores estructurales como la falta de nuevas construcciones y la elevada demanda urbana como principales responsables de la crisis de acceso.
“No podemos permitirnos perder una sola unidad de vivienda”, defendió Christian Klossner, director de la Oficina de Cumplimiento Especial, aunque admitió que los efectos sobre la asequibilidad son limitados.
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