“Que el Estado intervenga mediando un asunto entre privados es algo que no se ve bien y genera un muy mal precedente”, sostienes expertos del área.
Por Leonardo Núñez y Tomás Rodríguez Botto
El acuerdo de última hora entre el Gobierno y los dueños de los terrenos usurpados en la “megatoma” de San Antonio, que por ahora congeló por seis meses el desalojo ordenado por los tribunales, ha desencadenado una serie de “repercusiones con incierto futuro” y con un debate aún abierto entre los expertos en el área inmobiliaria.
Dirigentes de otras tomas y campamentos en el país, al igual que los dueño de los terrenos donde se levantado asentamientos de forma ilegal, están solicitando el mismo acuerdo para poner fin a su problema. Es el efecto “dominó” que está provocando la solución impulsada por el Ejecutivo y que fue advertido por especialistas en el área.
Par hacerse una idea de la magnitud del problema, un catastro realizado por la oficina Atisba que abarcó sólo sectores contiguos a la “megatoma”, detectó otras 4.568 viviendas ilegales, en 149 hectáreas que ocupan 4 mil familias y cuyo desalojo también está pendiente por orden judicial. En tanto, el abogado que representa a miembros de una toma en el sector de Lajarillas, en Viña del Mar, señaló que éstos pedirán al Gobierno que también medie en la compra de los terrenos que ocupan.
La situación podría repetirse a lo largo del país, donde se estima que existen más de 1400 campamentos y sobre 115 mil familias viviendo en ellos, según datos de TECHO-Chile.
“Que el Estado intervenga mediando un asunto entre privados es algo que no se ve bien y genera un muy mal precedente: le extiende una mano a aquellos que piensan que a través del uso de la fuerza se puede alterar el derecho de propiedad. El Estado se convierte en garante de una extorsión, lisa y llanamente”, sostiene a nuestro medio, Rodrigo Aravena, urbanista y director comercial de Ags Vision Inmobiliaria.
“Soluciones habitacionales sostenibles deben realizarse a partir de una planificación urbana que permita que las zonas de extensión urbana puedan ser desarrolladas y se anticipen a las dinámicas urbanas. Es decir, que se anticipen a las tomas. Y el Estado debe participar del mercado del suelo, adquiriendo tierra y generando planes habitacionales que sean alternativas para aquellas familias más vulnerables. Que hoy el Estado deba intervenir en este conflicto es una señal más de que el Estado llega tarde a las problemáticas de los ciudadanos, en este caso, la vivienda”, agrega.
También recuerda que el “acuerdo” dejó varias dudas: “Se habla de una mesa de negociación por la compra del terreno. Es decir, se regularizará la toma y se les daría título de propiedad a quienes por la fuerza se tomaron una propiedad privada. ¿Cuántas personas esperan una vivienda digna y no han usado la fuerza para exigirlo? Por otro lado, se regulariza un predio que no es el más adecuado para asentar población, por existir zonas de riesgo en su entorno”.
Previamente, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) manifestó su postura, indicando que “el derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de derecho y claramente en este casos no se respetó, y es lo que dictaminó el poder judicial”.
“En estas circunstancias la vía que articuló el Minvu abre una posibilidad de solucionar un conflicto muy complejo. Es de esperar que logre llegar a buen término sin sentar un precedente que comprometa recursos del Estado, para no incentivar nuevas tomas de terreno. El caso de San Antonio debe ser un llamado de atención, tardío pero válido, para abordar con urgencia y mirada país lo que ocurre en Chile con el creciente déficit habitacional”, agregó el gremio.
Respecto del aumento de campamentos, la CChC indicó que responde a diversas causas, entre ellas: el bajo crecimiento de la última década agravado por el gran aumento de la migración a partir de 2014; la derogación del decreto que impedía a quienes usurpen terrenos públicos o privados acceder a beneficios estatales, como el subsidio a la vivienda; la pandemia y la crisis económica que se derivó de ella.
“Adicionalmente, un porcentaje significativo de este incremento se produjo tras el estallido social por su consecuencia en el debilitamiento del Estado de Derecho”, concluye el gremio.
“El Estado tendrá que ver cómo justifica su decisión, que privilegia esta toma y no hace lo mismo en las 1.400 restantes. Abriría un escenario complejo que puede desordenar el sistema regular de acceso a la vivienda y crear un incentivo para acceder a la vivienda social mediante tomas” (Sergio Baeriswyl, premio nacional de Urbanismo 2014).
“Se entrega una señal nefasta de que en nuestro país cualquier grupo de personas puede usurpar un terreno y luego legalizarlo por la vía de la presión social. Como en tantos otros temas, la toma de San Antonio también deberá solucionarlo el próximo gobierno” (Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, comuna donde también existen campamentos).
