La normativa comenzará a regir en diciembre de 2026, creará una Agencia de Protección de Datos Personales y contempla multas de hasta 20.000 UTM para infracciones gravísimas. El sector inmobiliario deberá adecuar sus procesos de recopilación, almacenamiento y uso de información de clientes.
Por Tomás Rodríguez Botto
La entrada en vigencia de la Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales, prevista para diciembre de 2026, obligará a las empresas del sector inmobiliario a revisar la forma en que recopilan, utilizan, almacenan y comparten información de clientes durante los procesos de compraventa de propiedades.
La normativa reemplazará el marco regulatorio establecido por la Ley 19.628 y creará la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones. Entre las sanciones contempladas se incluyen multas de hasta 20.000 UTM para infracciones calificadas como gravísimas y, en casos de reincidencia, sanciones que podrían alcanzar hasta el 4% de los ingresos anuales de una empresa.
La regulación establece mayores exigencias respecto del consentimiento de las personas para el uso de sus datos y fortalece derechos relacionados con el acceso, rectificación y eliminación de información personal.
El mercado inmobiliario es una de las industrias que maneja una importante cantidad de antecedentes personales y financieros durante una operación. Entre ellos se encuentran datos de identificación, historial crediticio, cotizaciones, reservas y documentación asociada a financiamiento hipotecario.
James Collado, cofundador y CTO de JetBrokers.io, señaló que la nueva normativa obligará a modificar prácticas que durante años han sido habituales dentro de la industria.
“Hay prácticas que estuvieron normalizadas durante años y que con la nueva ley simplemente ya no se podrán hacer. Por ejemplo, no se podrán compartir datos de personas con terceros sin su consentimiento explícito. Toda transferencia o uso de datos, incluso para perfilamiento financiero, requerirá que el cliente lo autorice expresamente”, afirmó.
La legislación establece que las empresas deberán informar de manera clara el propósito para el cual recopilan información personal y obtener autorización para su utilización. Asimismo, limita el almacenamiento indefinido de datos y regula la transferencia de información entre distintos actores involucrados en una operación inmobiliaria.
La implementación de la ley también implicará revisar procedimientos que actualmente forman parte de la gestión comercial de muchas empresas del rubro, donde es frecuente el intercambio de información mediante planillas, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y sistemas que operan de manera independiente.
Según Collado, la adecuación al nuevo marco regulatorio requerirá cambios en la forma en que las compañías administran la información de clientes. “El principal desafío no es tecnológico, sino mental. La industria tendrá que entender que los datos pertenecen a las personas y que existen límites respecto a cómo pueden utilizarse”, concluyó.
