El incumplimiento de las condiciones de uso exigidas por el Minvu puede derivar en la restitución del beneficio, cobros judiciales y la pérdida del inmueble.
Por: Tomás Rodríguez Botto
La pérdida de una vivienda adquirida con subsidio estatal se ha convertido en una preocupación creciente entre beneficiarios que, por desconocimiento o errores administrativos, terminan enfrentando procesos de cobro, sanciones y la posibilidad real de quedarse sin su propiedad.
Eso ocurrió con una reciente beneficiaria de Arica, quien deberá reintegrar $50 millones tras constatarse que no residía en la propiedad adquirida mediante subsidio habitacional.
Las reglas que regulan estas viviendas —establecidas en el DFL N.º 2 de 1959 y en la normativa vigente del Minvu y Serviu— obligan a ocupar la casa como residencia principal y a respetar una serie de restricciones durante los primeros años.
Entre las faltas más frecuentes figuran no habitar personalmente la propiedad, destinarla a arriendo o venta, antes del plazo legal, así como utilizarla con fines distintos al habitacional, entregar antecedentes falsos en la postulación o incumplir los compromisos financieros asociados.
Cuando estas situaciones se acreditan, el organismo puede exigir la devolución total o parcial del subsidio, iniciar acciones de cobranza e incluso impedir nuevas postulaciones.
Según explica Eduardo Lara, abogado del departamento de Asistencia Deudores del estudio jurídico Alfaro y Madariaga, este tipo de procedimientos suelen tomar por sorpresa a los afectados. “Cuando el Serviu determina que hubo incumplimiento, las personas muchas veces se ven sobrepasadas por la deuda o desconocen cómo defenderse”, afirma.
Aun así, el especialista recalca que la recuperación de la vivienda no es inmediata ni inevitable. Existen mecanismos para solicitar una revisión del caso cuando existen errores en la tramitación o cuando el beneficiario demuestra voluntad de regularizar su situación. Repactar la deuda, acreditar que se cumplió con la ocupación exigida o recurrir a herramientas judiciales —como la acción de protección o la nulidad de derecho público— pueden abrir espacios de defensa.
“Muchos beneficiarios desconocen sus derechos y terminan aceptando cobros o sanciones que pueden ser revisadas o incluso revertidas”, finaliza el abogado.
