Las pasadas acciones de la Tesorería General de la República, para cobrar multas laborales cursadas por la Dirección del Trabajo, encendieron una alarma en el mundo de la copropiedad. Comunidades que desconocían la existencia de estas sanciones. Hoy enfrentan embargos de sus cuentas corrientes y ven comprometidos recursos destinados al funcionamiento diario de sus edificios.