La empresa solicitó al tribunal que ordene al Serviu ampliar la expropiación a la totalidad del predio, argumentando que los terrenos perdieron valor económico.
Por Leonardo Núñez
Tras producirse el desalojo de parte de la megatoma de San Antonio, la inmobiliaria dueña de los terrenos presentó un reclamo judicial contra el Serviu de la Región de Valparaíso, solicitando que el Estado expropie la totalidad de un terreno ubicado en el sector Cerro Centinela.
La iniciativa fue interpuesta ante el Juzgado Civil de San Antonio, al amparo del artículo 9 letra b) del Decreto Ley N°2.186, normativa que regula los procesos de expropiación en Chile y que permite reclamar cuando una expropiación parcial deja el resto del inmueble sin valor económico.
El conflicto se originó a raíz de la expropiación parcial informada en diciembre de 2025 del predio de propiedad de la inmobiliaria San Antonio SA. para la ejecución del Plan Habitacional Cerro Centinela.
Según el acto administrativo, se expropiarán tres grandes lotes del terreno original -identificados como Lote 1A-1, Lote 1A-3 y Lote 1A-5- que en conjunto suman más de 1 millón de metros cuadrados.
Sin embargo, la inmobiliaria sostiene que esta decisión dejó el terreno restante fragmentado en diez retazos inconexos, “sin continuidad territorial ni viabilidad comercial”.
De acuerdo con el reclamo judicial, los terrenos que no fueron expropiados, quedaron afectados por múltiples restricciones.
Lo anterior, debido a que parte de estos retazos se ubican en zonas de protección de quebradas, áreas verdes o zonas destinadas a un cementerio según el Plan Regulador Comunal de San Antonio.
Se suman también problemas de topografía, como fuertes pendientes y quebradas, altos costos de urbanización y, en algunos casos, falta de acceso a vías públicas, según la inmobiliaria.
La empresa afirma que, tras la expropiación parcial, los terrenos remanentes dejaron de constituir una unidad económica, haciendo inviable su venta, arriendo o desarrollo inmobiliario, tanto para la propietaria como para terceros.
Por lo mismo, solicitó al tribunal que ordene al Serviu ampliar la expropiación a la totalidad del predio, argumentando que el daño patrimonial sufrido es una consecuencia directa del actuar del Estado.
Por su parte, la delegada de Minvu en San Antonio, Gloria Maira, explicó que la entidad no reclama por la expropiación como tal, sino por el tamaño del terreno a expropiar. Pese a ello, la autoridad dijo que respetarán lo que decrete el tribunal.
Según datos liberados por la cartera estatal, esta expropiación implica un gasto de unos $11.000 millones por la adquisición de 100 de las 215 hectáreas del terreno. Por Leonardo Núñez “La potestad de expropiar se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios. La Constitución Política de […]
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