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La iniciativa fortalece las atribuciones del personal de seguridad del Metro de Santiago para denunciar infracciones, retirar a quienes alteren el servicio y sancionar conductas que afectan la convivencia en el transporte público.

Por Leonardo Núñez

Un nuevo paso legislativo dio el proyecto que busca fortalecer la seguridad en el Metro de Santiago. La Sala de la Cámara de Diputados, en su primera sesión del nuevo ciclo político, aprobó la iniciativa y la despachó a segundo trámite.

La propuesta crea un nuevo tipo penal que sancionará a quienes, sin autorización, interrumpan la libre circulación de pasajeros o trenes en las instalaciones del Metro, conducta que podría ser castigada con penas de presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días de cárcel.

La iniciativa también otorga atribuciones al personal de seguridad privada contratado por Metro S.A., para denunciar ante los juzgados de policía local o las autoridades correspondientes, diversas conductas que hoy generan conflictos en estaciones y trenes.

Entre las infracciones consideradas se encuentran el comercio ambulante sin autorización, el uso de parlantes u otros dispositivos de amplificación que alteren la convivencia, el uso indebido de pases escolares o beneficios tarifarios, la evasión del pago del pasaje y el transporte de carga sin autorización dentro del sistema.

Además, los funcionarios de seguridad podrán exigir que quienes cometan estas infracciones, abandonen inmediatamente las instalaciones del Metro, advirtiendo que la conducta puede ser denunciada ante las autoridades competentes.

En casos de comercio ilegal, el personal de seguridad tendrá la facultad de retener provisoriamente la mercadería, la que posteriormente deberá ser entregada a Carabineros o a inspectores municipales o fiscales.

Asimismo, si una persona se niega a acreditar su identidad tras cometer una infracción, los guardias podrán retenerla de manera temporal y solicitar el apoyo de Carabineros, quienes realizarán el control de identidad correspondiente. Este procedimiento deberá limitarse estrictamente al tiempo necesario y no podrá extenderse por más de una hora.

El proyecto establece que todo el personal de seguridad deberá contar con capacitación conforme a la Ley de Seguridad Privada, además de cumplir normas de identificación, trato igualitario y no discriminación durante el ejercicio de sus funciones.

Parlamentarios que participaron en la discusión destacaron que el Metro es una infraestructura crítica para la Región Metropolitana y que es necesario proteger su funcionamiento, resguardando al mismo tiempo el derecho de los usuarios a un servicio seguro y de calidad.

Con su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado, donde se espera que el debate se concentre en el equilibrio entre seguridad, derechos de los usuarios y el combate a prácticas que afectan el funcionamiento del transporte público.

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