La empresa rusa acudió a la magistratura civil en Moscú con la finalidad de poner término a un contrato de arriendo celebrado en 2015. La afectada declaró desconocer la firma en cuestión.
Por: Renato Herrera Lagos
La Corte Suprema acogió el conjunto de reglas conforme a que nuestro ordenamiento jurídico verifique si la sentencia emanada de tribunales de la federación rusa puede ser reconocida respecto a dos sentencias dictadas para hacerlas efectivas en Chile, relativas a la terminación de un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble ubicado en la comuna de Providencia.
La empresa de Administración de la Propiedad en el Extranjero de la Dirección de los Asuntos del presidente, de la Federación de Rusia, demandó en Moscú a una ciudadana chilena con quien, señala, celebró un contrato de arriendo de un departamento.
La empresa en cuestión argumenta que las acciones para finalizar el contrato de arriendo y demandar el pago de rentas adeudadas fue tramitado ante el tribunal civil del distrito de Basmanny, y en segunda instancia, ante el Tribunal de Apelaciones, ambos de la ciudad de Moscú.
Este caso, pone en la palestra considerar si este inmueble, propiedad de una empresa rusa podría considerarse como territorio de ese país, el abogado investigador Felipe Godoy, advierte que “el hecho de que una empresa sea propietaria de un inmueble en Chile no quiere decir que ese (inmueble) pase a ser parte del territorio del país”.
“Muchas veces se piensa que las Embajadas se consideran parte del territorio extranjero, pero la verdad es que tampoco son tierras extranjeras”, advierte Godoy y continúa señalando que “En derecho existe algo que se llama ficciones de extraterritorialidad, que son excepciones muy puntuales en las que se da a entender que existen territorio fuera de sus límites. Por ejemplo, se comprenden naves, barcos o en nuestro caso, por ejemplo, el buque Escuela Esmeralda, en altamar es territorio chileno”.
Respecto al caso, la empresa solicitante señala que los fallos se encuentran ejecutoriados, y por medio de ellos, se condenó a la demandada a desalojar el inmueble y al pago de $5.070.161.- por deuda de arrendamiento, $2.500.000; $9.430.500, a título de indemnización por retención ilícita de la propiedad, $425.000 por gastos de reparaciones, y 15.501 rublos, como indemnización total por casa día en que no se hizo entrega del inmueble.
Este caso se refiere de un contrato de arrendamiento suscrito en Chile, el 1 de septiembre de 2015, y que la acción fue presentada el 19 de diciembre de 2019, siendo notificada oportunamente a la demandada, quien estuvo representada por un abogado en Rusia durante toda la tramitación del juicio, el que finalizó con el fallo de alzada de la Corte de Moscú.
Consultado al abogado sobre cómo se valida un contrato en otro idioma, considerando además que la demandada señala en el documento, al que tuvimos acceso, comenta jamás haber firmado el contra en otro idioma, el jurista comenta: “La demandada, señala jamás haber visto a la empresa, no haber firmado el contrato en otro idioma y declara no saber cómo aparece esta empresa solicitando el desalojo. En ese orden, la Corte Suprema simplemente tiene que dar por satisfecho y que se cumplan las exigencias del artículo 245 del Código de Procedimiento Civil”.
