En su último trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la prórroga del programa, que quedó listo para su promulgación por el Ejecutivo.
Por Leonardo Núñez
En su etapa final de tramitación legislativa, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a Ley la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029.
La iniciativa —correspondiente al boletín 17.780— fue respaldada de manera unánime con 136 votos a favor, convirtiéndose en el último trámite requerido para su entrada en vigor.
La norma amplía por cuatro años el régimen excepcional establecido en la Ley 21.450, que declaró como política prioritaria de Estado el Plan de Emergencia Habitacional, con el objetivo de reducir el déficit de viviendas, agilizar la gestión de suelo, fomentar la integración social y facilitar el desarrollo de proyectos habitacionales de alto impacto urbano y social.
Con esta aprobación definitiva, se busca asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución y en carpeta, permitiendo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo seguir utilizando herramientas extraordinarias para la adquisición y gestión de suelo, así como para la construcción de viviendas sociales en un contexto de déficit habitacional persistente.
En los fundamentos del proyecto se reconoce que, pese al avance en las metas comprometidas, aún existen miles de familias a la espera de una solución habitacional definitiva.
El texto legal establece además una obligación reforzada de transparencia: el Ministerio de Vivienda deberá informar trimestralmente a las comisiones respectivas de la Cámara y del Senado sobre la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional, desagregando por región el número de viviendas terminadas, en construcción y el gasto presupuestario ejecutado.
Durante el debate en Sala —en el que intervinieron más de treinta parlamentarias y parlamentarios— hubo amplio consenso en destacar el Plan de Emergencia Habitacional como una política pública efectiva, valorando la entrega de miles de viviendas y el carácter estructural que ha tenido para enfrentar el déficit habitacional. De forma transversal, se subrayó que esta estrategia debe consolidarse como una política de Estado y no depender de un gobierno en particular.
En esa línea, se insistió en la necesidad de priorizar proyectos de integración social, que no solo contemplen la construcción de viviendas, sino también la generación de barrios con acceso a servicios de salud, educación, transporte y conectividad vial, promoviendo comunidades más cohesionadas y ciudades más equitativas.
No obstante, el debate también dejó espacio para críticas. Algunos legisladores advirtieron que persiste una crisis habitacional estructural, especialmente para sectores de clase media que no califican para subsidios sociales, pero tampoco logran acceder al crédito hipotecario ni reunir el pie exigido por la banca.
Otros parlamentarios cuestionaron la implementación del plan en determinadas regiones, acusando burocracia, falta de gestión y una excesiva concentración de proyectos en áreas urbanas, lo que habría dejado iniciativas estancadas.
Con su despacho definitivo, la prórroga del Plan de Emergencia Habitacional queda ahora en manos del Ejecutivo para su promulgación, consolidando un marco normativo excepcional que se proyectará hasta fines de la década y que seguirá marcando el rumbo de la política habitacional chilena.
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