Estudio advierte que gran parte de la planificación urbana de la capital no responde a las necesidades actuales de vivienda, transporte y equipamiento. Expertos apuntan a la urgencia de actualizar instrumentos que en algunos casos superan los 20 años de antigüedad.
Por Tomás Rodríguez Botto
La planificación urbana de una parte importante del Gran Santiago enfrenta un desafío estructural. De acuerdo con el Barómetro Normativo 2026 elaborado por AGS Visión Inmobiliaria, siete comunas de la capital aún no cuentan con un Plan Regulador Comunal (PRC) propio, mientras que el 41% de las comunas opera con instrumentos que no han experimentado modificaciones sustanciales en más de una década.
El estudio identificó que Cerrillos, Buin, Lampa, La Pintana y El Bosque se encuentran en proceso de formulación de su primer plan regulador, mientras que San Ramón y Lo Espejo aún no registran procesos activos para contar con este instrumento de planificación territorial.
La situación cobra relevancia luego que la Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece que estos instrumentos deben actualizarse periódicamente en un plazo no superior a diez años. Sin embargo, según el informe, el promedio de actualización en las comunas rezagadas alcanza los 21 años.
Para David Briones, jefe de Asesoría Estratégica de AGS Visión Inmobiliaria, la ausencia de planes reguladores limita la capacidad de los municipios para orientar su crecimiento de acuerdo con sus necesidades específicas. “Contar con una normativa actualizada es fundamental para impulsar procesos de regeneración urbana, fomentar una densificación equilibrada en torno a sistemas de transporte público, asegurar equipamientos y activar proyectos de interés público que beneficien directamente a la comunidad”, señaló.
El especialista advirtió que continuar desarrollando ciudades bajo normativas intercomunales o instrumentos desactualizados puede generar restricciones que dificultan el aprovechamiento de áreas con acceso a infraestructura y conectividad.
Uno de los ejemplos mencionados en el análisis corresponde a las Zonas Urbanizables Condicionadas contempladas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, presentes en comunas como La Pintana, Quilicura y San Bernardo. Según Briones, una actualización normativa permitiría incorporar estos sectores al desarrollo urbano formal y responder a déficits de vivienda, áreas verdes, vialidad y servicios.
El informe también identifica territorios donde la necesidad de actualización resulta más urgente. Entre ellos figuran San Ramón y Lo Espejo, que aún no cuentan con un instrumento propio, además de Puente Alto, Vitacura y Peñalolén, cuyos planes reguladores superan los 20 años de vigencia.
“Las dinámicas urbanas cambian constantemente y requieren una mirada de mediano y largo plazo. Instrumentos con más de dos décadas de antigüedad, difícilmente logran responder a los desafíos actuales”, afirmó Briones.
De cara a los próximos cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), el experto sostuvo que las modificaciones propuestas podrían acelerar la actualización de estos instrumentos, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de ampliar la oferta habitacional y promover nuevas inversiones urbanas.
“La falta de actualización de los planes reguladores es una de las razones que explican los cambios que hoy se están impulsando. Existe una necesidad evidente de adaptar las normas urbanísticas a las demandas actuales de las ciudades”, concluyó.
