El Decreto de Seguridad, aprobado con polémica en el Senado, contempla penas de cárcel por hasta 7 años.
Por Leonardo Núñez
En un giro legislativo que ha generado amplio debate político y social, el Senado de Italia aprobó el Decreto de Seguridad, una normativa que endurece significativamente las penas contra la okupación de viviendas y otros delitos relacionados con la seguridad pública. La medida fue respaldada por 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, reflejando una clara división en el Parlamento italiano.
El nuevo decreto incorpora al Código Penal el artículo 634-bis, que establece el delito de okupación arbitraria de un inmueble habitacional. Esta figura penal contempla penas de entre dos y siete años de prisión para quienes, mediante violencia, amenazas, engaño o artificio, ocupen una vivienda privada o impidan su acceso a los legítimos propietarios.
Una de las principales novedades del decreto es la introducción de un procedimiento acelerado de desalojo, especialmente en los casos en que se trate de la vivienda habitual del denunciante. En esos casos, la policía judicial podrá intervenir de inmediato, sin necesidad de orden judicial previa, siempre que existan razones fundadas para presumir que la “okupación” es arbitraria.
El texto también contempla que, una vez intervenida la policía, se deberá presentar un informe al fiscal en un plazo de 48 horas. Este, a su vez, tendrá otras 48 horas para solicitar la validación de la intervención por parte de un juez, que dispondrá de diez días para emitir un fallo. Si el juez no se pronuncia en ese lapso, el desalojo pierde su validez legal.
Además, la persecución del delito será de oficio si la “okupación” se produce en perjuicio de personas vulnerables —por edad o enfermedad— o si el inmueble es de propiedad pública o de uso comunitario. La norma también sanciona a quienes colaboren o se beneficien económicamente de la okupación, ampliando el espectro de responsabilidad penal.
Esta medida surge en un contexto europeo donde la okupación de viviendas ha generado crecientes tensiones entre propietarios, autoridades y colectivos sociales. En España, por ejemplo, el fenómeno ha tenido una alta visibilidad mediática y política, con numerosos casos de okupación de viviendas vacías, tanto de bancos como de particulares.
Las leyes actuales en ese país son percibidas como lentas y poco efectivas para recuperar propiedades ocupadas, lo que ha generado presión sobre el Gobierno para reformarlas.
En Francia, el fenómeno también se ha intensificado en las grandes ciudades, obligando a reforzar las medidas de control. En 2023, el Parlamento francés aprobó una ley que reduce los plazos de desalojo de okupas en viviendas principales a solo 72 horas.
Alemania y los Países Bajos, en cambio, han mostrado un enfoque más equilibrado, buscando proteger tanto los derechos de los propietarios como los de los ocupantes en situación de vulnerabilidad, aunque también enfrentan críticas por procesos judiciales prolongados.
En este panorama europeo, Italia da un paso adelante al priorizar el derecho de propiedad y acelerar los procesos de desalojo, pero la medida también ha sido criticada por organizaciones sociales y de derechos humanos, que temen un endurecimiento desproporcionado frente a personas en situación de pobreza o sin hogar.
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