El reciente anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad que contempla aumentar en 1.600 cupos la capacidad, para recibir reclusos en dos recintos diferentes en la comuna de Santiago, como respuesta del Gobierno a la agudización de la criminalidad en el país, es buena y necesaria, pero ¿tenía que ser en un terreno que se había solicitado para construir viviendas sociales?