Sobre el proyecto de ley iniciado por el Presidente de la República, que se concretó en un programa de garantías estatales que permitirá garantizar créditos y otros mecanismos de financiamiento, con el objetivo de cubrir necesidades particulares de uno o más sectores, el Gobierno espera poder “facilitar el proceso de producción”.
Por: Tomás Rodríguez Botto
La semana pasada el Gobierno ingresó el primer proyecto para hacer realidad las medidas económicas y sociales que buscarán paliar los efectos de la recesión en nuestro país. Una importante medida de ayuda para las empresas constructoras que otorgará el Gobierno en el Fondo de Garantías Especiales, que consta de $50 mil millones para respaldar los créditos en el rubro de la vivienda y la construcción.
Este programa busca garantizar un monto equivalente a un 10% del valor de la vivienda para las propiedades nuevas de hasta 4.500 UF, que sean utilizadas como primera vivienda y para beneficiarios que no cuenten con algún tipo de subsidio para el financiamiento de una propiedad. Es decir, operaría de manera similar al Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape).
Por otra parte, en relación a las ayudas a la construcción, las empresas del sector que tengan ventas anuales netas de entre las 100.000 UF y 1.000.000 UF, podrán acceder a este fondo, permitiendo garantizar créditos y otros mecanismos de financiamiento, para cubrir necesidades particulares de uno o más sectores con una vigencia acotada y una finalidad determinada
De cara a estas medidas que tienen como objetivo levantar el sector, el Ministro de Vivienda Carlos Montes, señaló que “tienen bastantes características para efecto de la producción de vivienda parecida al fogape y, por otra lado, tenemos el apoyo de los que compran vivienda. Esperamos que las dos contribuyan a aumentar la demanda por un lado y facilitar el proceso de producción”.
Así, este apoyo tendrá una vigencia de 12 meses y los recursos deberán ser dirigidos a inversiones, financiamiento y capital de trabajo. Además, aquellas empresas que tengan ventas anuales entre las 100.000 UF y las 600.000 UF, podrán cubrir el 70% de la deuda del financiamiento que no sobrepasen un total de 150.000 UF. Por otra parte, para aquellas empresas que pasen las 600.000 UF, podrán cubrir hasta un 60% pero no superar las 250.000 UF del saldo anterior.
El plazo de garantía es de 12 años y el programa tendrá fecha de caducidad el 31 de diciembre del 2035, o hasta 12 años desde que se otorgue el último crédito y estará administrado por BancoEstado.
En relación a cómo está la situación entre el Gobierno y las empresas constructoras, el ministro Carlos Montes dijo que: “hemos tenido un buen diálogo con la Cámara Chilena de la Construcción y un gran compromiso con la idea del plan de emergencia. El problema que nos hemos encontrado es que las empresas constructoras quieren mantener la rentabilidad que tenían en el escenario económico anterior y hay una realidad distinta”.
Asimismo, es importante considerar que el rubro de la construcción es primordial para el Gobierno, ya que es un motor para la economía que representa el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 10% del empleo nacional.
