La iniciativa, que continúa su tramitación legislativa tras avanzar en la Comisión de Vivienda de la Cámara, propone extender el plazo para regularizar inmuebles, aumentar el límite de avalúo fiscal y ampliar la superficie máxima de las viviendas que podrán acogerse al procedimiento simplificado.
Por Tomás Rodríguez Botto
El proyecto que modifica la Ley N° 20.898, conocida como Ley del Mono, continúa avanzando en el Congreso con una serie de cambios que buscan ampliar las posibilidades de regularización de viviendas construidas o ampliadas sin haber completado todos los permisos municipales exigidos por la normativa.
La iniciativa, que recientemente avanzó en su discusión en particular en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, incorpora indicaciones del Ejecutivo y propone actualizar las condiciones del régimen especial de regularización, con el objetivo de que un mayor número de propietarios pueda acceder a este mecanismo.
La denominada Ley del Mono, establece un procedimiento simplificado que permite obtener el permiso de edificación y la recepción definitiva de viviendas que fueron construidas, o ampliadas, sin haber concluido oportunamente su tramitación municipal, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación.
Entre las modificaciones más relevantes figura la extensión, hasta el 31 de diciembre de 2029, del plazo para acogerse al proceso de regularización. La medida beneficiaría a viviendas construidas antes del 28 de noviembre de 2025 que aún no cuenten con recepción definitiva, total o parcial, tanto en sectores urbanos como rurales.
El proyecto también propone elevar el avalúo fiscal máximo permitido para acceder al beneficio, pasando de 1.000 UF a 2.000 UF, requisito que deberá acreditarse mediante un certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El proyecto también aumenta la superficie máxima de las viviendas que podrán acogerse al proceso de regularización, pasando de 90 a 120 metros cuadrados. Estas condiciones no regirán para las viviendas que reciban subsidios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo destinados al mejoramiento o la ampliación.
En materia técnica, la iniciativa incorpora nuevas exigencias de seguridad. Las viviendas aisladas, pareadas o continuas de hasta dos pisos y una superficie igual o inferior a 120 metros cuadrados deberán contar con una resistencia mínima al fuego F15 en sus elementos estructurales soportantes, siempre que los muros divisorios cumplan con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Durante la discusión en la Comisión de Vivienda, también expuso el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien presentó un diagnóstico sobre los desalojos forzosos en campamentos y advirtió los efectos que estos procedimientos pueden tener sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando no incorporan un enfoque de derechos humanos.
Con el avance registrado en la comisión, el proyecto continúa su tramitación legislativa en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde aún deberá completar las siguientes etapas antes de convertirse en ley.
