Cámara aprobó que la infraestructura penitenciaria esté exenta de Evaluación de Impacto Ambiental cuando contemple ampliaciones. La iniciativa ahora pasó al Senado (2° trámite constitucional).
Por Leonardo Núñez
Tras años en que distintos sectores políticos manifestaran su oposición a la construcción de nuevas cárceles bajo modelos de concesión de la obra pública, la nueva realidad criminal que afecta al país –a lo que se suma la sobrepoblación de reos–, ha permitido que el proyecto de ley que agiliza la construcción de nuevos recintos penales recibiera un transversal apoyo. Y diera un paso clave en su trámite legislativo.
Esto porque tras dos sesiones de análisis, la Sala de la Cámara aprobó la iniciativa que exime de trámites regulatorios y reduce los plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios (boletín 17312), lo cual permitiría agilizar las obras ya en carpeta en esta área.
La iniciativa, que fue despachada al Senado (segundo trámite constitucional), establece que esta norma será aplicable para aquellos establecimientos que el Presidente de la República determine mediante un decreto supremo debidamente fundado (esto, luego que la Comisión de Constitución reemplazara la propuesta del Gobierno que detallaba los centros penitenciarios a reparar y construir).
También señala que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) será el encargado de priorizar los trámites necesarios para la ejecución de los proyectos. Además, agrega que la adjudicación de los contratos de concesión se realizará mediante decreto supremo fundado de dicha cartera.
“Adicionalmente, el MOP determinará las medidas de mitigación y compensación para la zona donde se establezca un recinto penitenciario, fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. De igual modo, sin perjuicio de otros programas dependientes de otras carteras”, se indica en el portal web de la Cámara de Diputados.
Para agilizar aún más el proceso, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá dar prioridad a los informes sobre evaluación técnica y económica en materia de rentabilidad social. También se aprobó que los proyectos de alteración, ampliación o reparación de establecimientos penitenciarios estarán exentos de Evaluación de Impacto Ambiental. Y para los nuevos centros que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se reducirán a la mitad los plazos establecidos.
Durante el debate del proyecto, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, la gravedad de la situación de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles del país. Actualmente, existen cerca de 60 mil personas recluidas, llegando a un 141% de ocupación, señaló la autoridad ministerial.
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