El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado ilegales los programas que conceden la ciudadanía a grandes inversores a cambio de su ingreso a sectores económicos predeterminadas, utilizando mecanismo como las golden visas.
Por Leonardo Núñez
En una sentencia que es calificada como histórica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegales los programas que conceden la ciudadanía a grandes inversores a cambio de su ingreso a sectores económicos predeterminadas, utilizando mecanismo como las “golden visas”.
El fallo apunta directamente al polémico esquema implementado por Malta en 2020, pero sus repercusiones amenazan con desmantelar una industria multimillonaria vinculada a las inversiones inmobiliarias de alto estándar en el viejo continente.
La sentencia considera que la práctica de ofrecer nacionalidad a cambio de aportes económicos “infringe el Derecho de la Unión”, al convertir la ciudadanía en una mera transacción comercial.
Según el TJUE, este tipo de programas comprometen la confianza mutua entre los Estados miembros y vulneran el principio de cooperación leal que sustenta el proyecto europeo.
Durante más de una década, países como Malta, Chipre, Bulgaria, Portugal o Grecia han promovido planes de residencia y ciudadanía para atraer capital extranjero, particularmente en el sector inmobiliario.
Estos programas permitían, por ejemplo, obtener un pasaporte europeo a cambio de inversiones inmobiliarias superiores a ciertos montos —en algunos casos desde 250.000 a 500.000 euros— abriendo las puertas no solo a una residencia privilegiada, sino a la movilidad plena dentro de la Unión Europea.
Pero el TJUE ha sido categórico. “Un Estado miembro no puede conceder su nacionalidad a cambio de pagos o inversiones predeterminados, ya que ello equivale esencialmente a hacer de la nacionalidad una mercancía”, señala la resolución, que marca un precedente vinculante para todos los países de la Unión, de acuerdo a lo que indica el portal “Idealista.com”, especializado en inversión inmobiliaria.
La decisión del TJUE impacta directamente en uno de los motores de estos esquemas: el mercado inmobiliario. En países como Portugal o Grecia, las golden visas han impulsado el desarrollo de proyectos residenciales y turísticos de lujo en ciudades como Lisboa, Atenas o las islas del Mediterráneo. En 2022, más del 60% de las solicitudes de golden visa en Grecia, por ejemplo, estuvieron vinculadas a inversiones en bienes raíces.
Con el fallo judicial, este modelo queda en entredicho. Aunque la sentencia se refiere específicamente al programa de Malta, sienta una base jurídica que podría obligar a otros países a revisar o suspender sus programas de ciudadanía por inversión, y eventualmente también los de residencia cuando se orienten exclusivamente al beneficio económico.
La Unión Europea ha defendido históricamente la noción de ciudadanía como vínculo cívico, legal y social, no como un privilegio adquirido por medios financieros. “No se puede establecer el vínculo de solidaridad y lealtad necesario entre un Estado miembro y sus ciudadanos a través de una operación comercial”, argumenta el TJUE. La ciudadanía, añade el fallo, debe basarse en criterios que reflejen una integración genuina en la sociedad del país miembro.
Este pronunciamiento no solo es jurídico, sino también político. Llega en un contexto de creciente escrutinio sobre prácticas de elusión fiscal, lavado de dinero y compra de influencias asociadas a las golden visas. Organizaciones como Transparency International han denunciado durante años los riesgos que conlleva otorgar acceso a la ciudadanía europea sin un control riguroso.
Por tanto, la decisión del TJUE obliga a Malta a cesar su programa, pero también ejerce una presión directa sobre otros países que mantienen esquemas similares. Aunque algunos gobiernos han comenzado a restringir o eliminar estos beneficios —como hizo Portugal en 2023 eliminando la opción inmobiliaria de su golden visa—, otros aún los mantienen activos, lo que abre un nuevo frente de debate dentro del bloque.
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