La propuesta considera alertas tempranas, comisiones consultivas y un panel especializado para revisar discrepancias en contratos de mayor envergadura.
Por Tomás Rodríguez Botto
Las diferencias que surgen durante la ejecución de una obra pública podrían comenzar a abordarse antes de que se transformen en controversias formales, de acuerdo con una propuesta que presentó el Ministerio de Obras Públicas y que contempla nuevas instancias de revisión y seguimiento de los contratos.
El diseño considera tres herramientas con distintos ámbitos de aplicación. La primera es un Libro de Alertas Tempranas, destinado a identificar riesgos durante el desarrollo de los proyectos y generar espacios de solución entre las partes antes de que las diferencias escalen.
A esto se suman comisiones consultivas para contratos administrados en regiones, que tendrían como función revisar discrepancias surgidas durante la ejecución de las obras. Para los proyectos de mayor envergadura, en tanto, se plantea la creación de un Panel de Gestión de Discrepancias, tomando como referencia la experiencia del órgano técnico que opera en materia de concesiones.
La iniciativa fue expuesta por el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, durante un encuentro sobre mecanismos de resolución de controversias organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago.
El planteamiento apunta a intervenir en etapas anteriores al conflicto formal y, con ello, facilitar la gestión de los contratos. Dagá sostuvo que el esquema busca fortalecer la colaboración entre las partes, entregar mayor certeza y mejorar la eficiencia en la administración de las obras públicas.
La discusión también estuvo marcada por la necesidad de fortalecer la participación de las empresas constructoras en las licitaciones del ministerio. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, señaló que contar con una alternativa similar a la existente para las concesionarias constituiría un impulso para la industria.
Desde el sector privado, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Cristóbal Paúl, valoró la propuesta y afirmó que la competitividad aumentará con este tipo de mecanismos. Además, manifestó la disposición del gremio a colaborar con el MOP en su implementación.
La discusión abrió, además, la posibilidad de ampliar las herramientas consideradas por el ministerio. Santiago Montt, consejero del CAM Santiago, planteó incorporar el arbitraje y los paneles de expertos o dispute boards para la gestión de controversias.
En la misma línea, el exministro de Obras Públicas y asesor del CPI, Alberto Undurraga, planteó sumar la mediación entre los mecanismos disponibles. Según explicó, este tipo de herramientas forma parte del trabajo que el CPI ha desarrollado para avanzar en alternativas de resolución de conflictos vinculadas a la ejecución de infraestructura.
