Los cambios en los planos reguladores son una de muchas medidas adoptadas por la crisis de acceso a la vivienda que vive el país luso.
Por Leonardo Núñez
La crisis por el precio de la vivienda y su difícil acceso, está llevando a los gobiernos de distintos continentes a tomar medidas para buscar soluciones. Es el caso de Portugal, que acaba de modificar el Régimen Jurídico de los Instrumentos de Gestión Territorial (RJIGT) con el objetivo de permitir la construcción de soluciones habitacionales en suelos rústicos y en terrenos calificados como Reserva Ecológica Nacional (REN) y Reserva Nacional Agropecuaria (RAN).
El Gobierno justificó su decisión asegurando que este decreto-ley “facilitará la creación de soluciones habitacionales que cumplan con los criterios de control de costos y venta a precios asequibles, promoviendo así una mayor equidad social y permitiendo que las familias portuguesas tengan acceso a una vivienda digna”.
Idealista señaló que para pasar a ser considerado un terreno urbanizable, “al menos el 70% de la superficie total debe ser destinada a viviendas públicas o de precio moderado”.
El nuevo decreto ya fue publicado en el Diario de la República y entrará en vigor a finales de enero de este año. En el documento, el Ejecutivo señala que “el aumento del número de terrenos destinados a la construcción de viviendas “no sólo contribuye a la ampliación y aplicación del plan ‘Construir Portugal’, sino que también fortalece la capacidad del Estado para promover políticas de vivienda eficaces, sostenibles y alineadas con las necesidades de la población”.
La ley también establece que los municipios pueden determinar la reclasificación a suelo urbano mediante una modificación simplificada del plan director municipal, siempre que el destino sea vivienda (en conjunto con otros requisitos).
Los cambios en el uso de suelo en Portugal son una de muchas medidas adoptadas por la crisis de acceso a la vivienda que se vive en el país. Al igual que en España, su país vecino, se han producido varias manifestaciones exigiendo soluciones. Las marchas reflejan el creciente descontento por el aumento de los precios de las casas y los costos de arriendo.
“El origen del problema incluye la escasez de vivienda social y asequible, la llegada de extranjeros ricos atraídos por beneficios fiscales, y el impacto del turismo que promueve alquileres de corta duración en detrimento de los alquileres a largo plazo para los residentes. Son los mismos problemas que azotan a España”, señala un análisis de Euronews.
Previamente, el Gobierno luso había anunciado un paquete de 2.000 millones de euros para construir 33 mil casas hasta 2030. Portugal es uno de los países más pobres de Europa Occidental, con una media de salarios que dificultan la compra o arriendo de propiedades.
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