La Seremi del Minvu de Valparaíso, notificó a los ocupantes del terreno la orden de demolición de los inmuebles que fueron levantados. Eso sí tienen 10 días para presentar reclamos judiciales.
Por: Tomás Rodríguez Botto
A través de la publicación en el Diario Oficial, la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, notificó a los ocupantes del terreno tomado de forma ilegal en Quilpué, perteneciente a Alejandro Correa, empresario asesinado por un sicario en Concón el año 2020.
En en ese sentido, la seremi Minvu Valparaíso, Belén Paredes, señaló que, “la orden de demolición fue decretada por el incumplimiento a la legalidad urbanística y el peligro que corren las familias al estar emplazadas en zona de riesgo”.
Ante eso, desde la fecha de notificación (9 de octubre) existe un plazo de 10 días para presentar reclamos judiciales ante el Juzgado de letras de Quilpué, de quienes tengan legítimos derechos que reclamar acciones en contra de la demolición.
Ante esa situación, la abogada de la familia Correa, Jeannete Bruna, señaló que, “terminado el plazo, se debe ejecutar la demolición sin más trámite dice la orden de la Seremi Minvu Valparaíso, y es Serviu el mandatado para dicha ejecución”.
“Es importante destacar que la sentencia es clara, por tanto, cualquier dilación puede ser interpretada como desacato”, agregó Bruna.
Cabe destacar, que de resolverse el reclamo o transcurridos los 10 días para su interposición, el Serviu Valparaíso deberá ejecutar la demolición de los inmuebles con ayuda de la fuerza pública.
Ante esa situación, Bruna agregó que, “esperamos que se actúe con responsabilidad y la autoridad llame desde ya a que las personas hagan abandono voluntario de las construcciones ilegales, dado que la ley ya se puso en el caso de que al demoler hayan personas, para lo cual confiere el auxilio de la fuerza pública de manera directa para actuar, sin necesidad de solicitudes particulares”.
Además, “pedimos audiencia por ley de lobby con la delegada presidencial para saber si la Seremi Minvu ya estableció contacto para coordinar la fuerza pública para demoler en caso que las personas no hagan abandono voluntario”, complementó Bruna.
