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Aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa -en caso de convertirse en ley-, recibirán las multas fluctúan entre las 100 y 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Es decir entre 6 y 10 millones de pesos.

Por: Leonardo Núñez. 

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto de ley que extiende la gratuidad en estacionamientos de centros de salud del país.

La iniciativa -de autoría del diputado de Demócratas Víctor Pino-, busca modificar la Ley Nº19.496 de protección de los Derechos de los Consumidores, y así, extender este beneficio no sólo para urgencias sino también para la asistencia a consultas, exámenes y gestiones administrativas.

De este modo, el texto despachado a la Sala de la Corporación para su discusión, establece que la gratuidad en estacionamientos aplicará no sólo en casos de urgencia o emergencia como dispone la actual normativa, sino que extiende el beneficio a la asistencia a consultas médicas, exámenes, procedimientos de cualquier tipo, internaciones y controles postoperatorios.

También se incorpora de manera explícita el derecho a estacionamiento gratuito, cuando las personas concurran a los recintos de salud a realizar gestiones administrativas o de regularización de deudas asociadas a su atención.

Por otra parte, la comisión modificó el criterio propuesto de los beneficiarios que pueden acceder a la gratuidad en estacionamientos de dichos recintos. Así, reemplazó el término “familiares” por “un acompañante”, para reconocer que quien asiste a un paciente no siempre mantiene un vínculo sanguíneo, otorgando una cobertura más realista y efectiva.

En este sentido, la propuesta legal consagra la prohibición de cobro a todo evento para vehículos que transportan a personas con discapacidad. Así como, a quienes presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento.

Sanciones y multas

La iniciativa también establece sanciones para aquellos establecimientos que no cumplan con la medida. En ese sentido, las multas fluctúan entre las 100 y 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Es decir, entre 6 y 10 millones de pesos, pero en caso de reincidencia por parte del recinto infractor, la sanción se duplicará.

Respecto de la fiscalización al cumplimiento de la ley, el proyecto dispone que los establecimientos de salud deberán implementar mecanismos de control y validación. Estos pueden ser físicos o electrónicos, que permitan acreditar de manera expedita la atención o gestión realizada por los usuarios.

Finalmente, respecto de la entrada en vigor de la propuesta, el artículo transitorio establece que los establecimientos de salud contarán con un plazo de tres meses, desde la publicación de la ley, para adecuar sus sistemas operativos y garantizar la gratuidad del servicio.

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