Keir Starmer aún no cumple un mes en el cargo y ya le recuerdan que importantes miembros de su gabinete, eran activistas contrarios a la construcción de viviendas en sus barrios.
Por Leonardo Nuñez
El acceso a la vivienda también es un problema que afecta a naciones desarrollados como la de Reino Unido. Y buscar soluciones es uno de los principales desafíos del nuevo Premier Keir Starmer, quien asumió al frente del número 10 de Downing Street a principios de julio.
Ya en posesión del cargo se comprometió a construir 1,5 millones de nuevas casas, entre otras medidas en materia de vivienda. Esto, con el fin de ser considerado el suyo un “gobierno constructor y no bloqueador”.
Para ello, en campaña, sostuvo que impulsaría reformas en las leyes de planificación urbana, acabaría con los desalojos por no pago de alquiler de personas vulnerables. Y generaría nuevas ayudas a los compradores de primera vivienda. Junto con ello, dijo que impondría más impuestos a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes.
Las expectativas son altas, ya que después de 14 años de oposición, su mensaje caló y el Partido Laborista ahora regresó al Gobierno del Reino Unido con una amplia mayoría en el Parlamento y con la difícil misión de devolver al país a la senda del crecimiento económico. ¡Y qué mejor que inyectar recursos con obra pública y la construcción de casas!
Ante la pregunta de cómo lo hará ahora, Starmer indicó que para llegar a las 1,5 millones de viviendas durante su legislatura, implementará un nuevo sistema de planificación urbana. Para ello pretende (con la oposición de los sectores del ámbito inmobiliario) agilizar las expropiaciones y la posibilidad de reclamación de los propietarios. Esta reforma de lo urbano supondrá cambios en la planificación de políticas nacionales, la cual se va a centrar en zonas industriales abandonadas cerca de núcleos residenciales.
Desde el gobierno, explicaron que se dará prioridad a los llamados cinturones verdes de las ciudades. La mayor parte de estas nuevas viviendas aumentarán el parque residencial destinado a vivienda social y asequible, tanto en venta como en alquiler. Además, el Ejecutivo afirmó que revisará el programa de derecho a compra de vivienda sociales con descuentos para los arrendatarios.
Hasta ahí, todo bien. Pero a menos de un mes en su nuevo cargo, Starmer enfrenta su primera gran polémica, la que se estrella con el corazón de su promesa: la construcción de viviendas.
Una investigación de “Mail on Sunday” reveló que 14 miembros de sus gobierno, entre ellos varios miembros del gabinete, han sido activos o militantes de movimientos anti-vivienda.
El artículo demostró que las nuevas autoridades, en distintas etapas de su vida, bloquearon la construcción de decenas de miles de viviendas en sus distritos electorales.
Entre los llamados Nimbys –concepto que hace referencia a la postura de que una obra, empresa o construcción “no esté en mi patio trasero”– se encuentra el Secretario de Medio Ambiente, Steve Reed, quien expresó su preocupación por los planes para 237 viviendas en el sur de Londres. Y la viceprimera ministra Angela Rayner, que ahora es secretaria de Vivienda, una vez prometió unirse a una cadena humana formada por manifestantes que se opusieron a la construcción de residencias familiares en el barrio de Manchester.
La lista suma y sigue. La oposición acusó al nuevo Gobierno de “hipócrita”. Y ahora no son pocos los votantes que se preguntan si realmente los laboristas cumplirán con una de las promesas de campaña: “Queremos volver a encaminar a Gran Bretaña hacia el fin de la falta de vivienda”.
Se anunció recientemente el "Plan para el Crecimiento y la Liquidez de las Empresas de Obras Públicas", cuyo objetivo es dar respuesta a la necesidad de reactivación económica; adelantar recursos para la ejecución de obras y agilizar la gestión de los contratos para dar continuidad a la ejecución de infraestructura.
