A 4 años del asesinato del empresario Alejandro Correa, cuyo motivo fue la disputa por su terreno de Valparaíso, tribunales desestimó tesis del Ministerio de la Vivienda, que tiene 30 días para cumplir la resolución.
Por Leonardo Núñez
El fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó al Ministerio de Vivienda Urbanismo (Minvu) demoler las casas de la toma en los terrenos del asesinado empresario Alejandro Correa, sienta una serie de precedentes con un largo alcance en materia judicial en el marco de asentamiento irregulares.
El caso se remonta al 10 mayo de 2020, cuando el empresario inmobiliario (60) discutió con un loteador ilegal que le había asignado a terceros un paño de un terreno que era de su propiedad, el cual está ubicado en el sector de Pompeya Sur de la comuna de Quilpué. El 14 Correa lo denunció y cuatro días más tarde, fue asesinado.
Su crimen fue ordenado por un “conocido” del loteador, quien pagó $5 millones a un sicario por el crimen. Mientras se realizaba el juicio contra los responsables –ya condenados–, la familia del empresario inició otra batalla judicial para recuperar dichos terrenos, que incluso los llevó a enfrentarse con el propio Ministerio de la Vivienda.
Esto, porque el año 2021 hubo una resolución de la misma Seremi del Minvu de Valparaíso que ordenaba la paralización y la demolición de las construcciones que había en el terreno. Sin embargo, el organismo estatal nunca ejecutó esa resolución.
Esto llevó a la familia de empresario a presentar un recurso de protección, el cual finalmente fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. El fallo ordenó a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso cumplir su propio resolución y demoler las construcciones ilegales que aún están en el terreno, en un plazo de 30 días y con apoyo de la fuerza pública en caso de resistencia de los ocupantes.
“Esta resolución viene a cerrar un ciclo de justicia por la muerte de mi padre. El asesinato de mi papá lamentablemente ilustra muy bien cómo puede llegar a funcionar el crimen organizado”, relató Valentina Correa a “Las Últimas Noticias”.
Las reacciones por la contundencia del fallo no ha tardado en llegar. La Corte enfatizó que la ejecución de los actos administrativos no es discrecional sino que es un deber, por lo tanto “notificar la orden de demolición es una obligación para la Seremía”. De esta manera, se desestimó la tesis planteada por el abogado de la Seremi, Mauricio Bottner, quien indicó en los alegatos finales que “siendo un terreno privado, es el recurrente que tiene que ejercer las acciones para provocar ese lanzamiento”.
Sobre el dictamen, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, dijo que están “evaluando si corresponde o no apelar” ante la Corte Suprema.
“Yo creo que lo más probable es que no apelemos (…) Tenemos 30 días para implementar la medida que han establecido los tribunales. Nosotros queremos ver la mejor manera de hacerlo porque hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a todas las personas, y esto no es algo fácil”, señaló.
En tanto, la delegada presidencial regional, Sofía González, señaló que “estamos haciendo el estudio respectivo para determinar los próximas acciones a seguir”. En esa línea, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, recalcó que “es sumamente importante que la ejecución de este desalojo por parte del Minvu sea acompañado por las medidas que correspondan para asegurar una vivienda digna y segura a quienes habitan esta toma acorde a sus condiciones y necesidades sociales”.
Valentina Correa, por su parte, compartió una reflexión, en momentos en que las tomas generan tensión en distintas regiones del país: “Independiente de que los autores y cómplices estén condenados, no hay que olvidar que la motivación para matar a mi papá tuvo que ver con apropiarse de un terreno”. Los tribunales ya emitieron su veredicto.
