La moción busca modificar los requisitos para construir viviendas sociales en sitios afectados por socavones.
Los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Renzo Trisotti (UDI), Cristóbal Urruticoechea (PR), junto a las diputadas Danisa Astudillo (PS) y Mercedes Bulnes (IND), presentaron un proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y otros cuerpos legales que indica, respecto de los requisitos exigidos para las Viviendas Económicas, tratándose de planes de emergencia por Socavones.
En ese sentido, la moción de los diputados propone modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, la Ley 21.450, que Aprueba la Integración Social en la Planificación Urbana, Gestión de Suelo y Plan de Emergencia Habitacional, y la ley 21.558 que Modifica Diversos Cuerpos Normativos para adecuarlos al Plan de Emergencia Habitacional y Facilitar la Ejecución de Obras Urbanas.
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En la moción presentado, se señala que esta problemática ha estado presente en la Región de Tarapacá durante al menos los últimos 15 años, como lo demuestra la reciente rotura de una matriz de agua potable en la ciudad de Iquique, que alertó sobre el peligro de socavones en suelos salinos. Situaciones similares se han registrado en Alto Hospicio, donde varias viviendas enfrentan riesgos de colapso debido a los daños estructurales causados por los socavones.
Además, el texto señala que, es necesaria una labor interdisciplinaria y de coordinación a nivel institucional de varios actores; a saber, MINVU, SERVIU, SUBDERE, Gobierno Regional, y Direcciones de Obras Municipales, entre otros, ya que las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, por sí solas, tienen como herramientas los subsidios, a los que las personas afectadas pueden postular cumpliendo ciertas condiciones y determinados requisitos.
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La idea matriz del proyecto o su finalidad es morigerar los requisitos cuando se trate de llamados a concursos para planes habitacionales de viviendas afectadas por socavones.
En cuanto al proyecto de ley, este se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Baja.
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