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Un estudio del Laboratorio Municipal (LabMun) de la Universidad Adolfo Ibáñez, reveló que las municipalidades presentan objeciones formales en apenas el 1% de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Por Tomás Rodríguez Botto 

Las municipalidades presentan impugnaciones formales en solo el 1% de los proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según un estudio del Laboratorio Municipal (LabMun) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que analizó las iniciativas evaluadas durante la última década.

En el seminario “Rol de los municipios en el desarrollo de proyectos estratégicos”, académicos, autoridades municipales y representantes del sector privado conocieron los resultados de la investigación. El estudio detectó que, pese a la baja cantidad de impugnaciones, cuando un municipio presenta una objeción formal, cerca de un tercio de los proyectos involucrados termina en rechazo, revocación, desistimiento o caducidad.

Infraestructura concentra los mayores conflictos

El informe también concluyó que la mayor conflictividad relativa se concentra en los sectores de infraestructura portuaria y de transporte. Mientras la infraestructura portuaria registra una tasa de conflictividad de 11,7%, la infraestructura de transporte alcanza un 6%.

Según explicó la académica de la Escuela de Gobierno de la UAI, Ana María Montoya, gran parte de los proyectos cuestionados corresponde a iniciativas de gran escala. “Básicamente el 77,6% están por sobre la mediana del tamaño de los proyectos de inversión del sistema de evaluación ambiental”, señaló.

La investigadora agregó que una posible explicación para este fenómeno es que los beneficios de estas obras suelen distribuirse a nivel nacional, mientras que sus impactos se concentran en los territorios donde se emplazan. “Muchas veces los beneficios son a nivel nacional, pero los costos son a nivel local”, afirmó.

El estudio también observó que los sectores con mayores niveles de conflictividad carecen de mecanismos que permitan transferir beneficios económicos directos a las comunas involucradas, a diferencia de la minería, que cuenta con instrumentos específicos para esos fines.

Durante el seminario, el alcalde de Punta Arenas y presidente de la Comisión Técnica de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Radonich, señaló que muchos municipios enfrentan estos procesos con capacidades técnicas limitadas. “No somos actores principales, nuestro rol es como el de los invitados”, indicó.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia mecanismos más transparentes para las compensaciones territoriales. “Las compensaciones deben ser una cosa más transparentada y que no sea por una negociación uno a uno”, sostuvo.

Por su parte, el gerente general de ALOG Chile, Alexis Michea, destacó la importancia que tienen los gobiernos locales en el desarrollo de proyectos de inversión. “El futuro desarrollo productivo de este país se definirá en los territorios definitivamente”, afirmó.

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