El mecanismo aprobado por el Senado contempla transferencias por $190 mil millones para compensar la menor recaudación municipal derivada del beneficio para adultos mayores. Los recursos estarán condicionados a obligaciones como mantener información actualizada ante la Dipres y reducir los tiempos de tramitación de permisos.
Por Tomás Rodríguez Botto
La compensación que recibirán las municipalidades por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores quedará sujeta al cumplimiento de nuevos requisitos establecidos en el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y desarrollo económico y social, aprobado por el Senado tras el informe de la Comisión Mixta.
La iniciativa contempla una fórmula de compensación para las comunas que verán reducidos sus ingresos por la rebaja del impuesto territorial. Para ello, el Ejecutivo estableció que la Tesorería General de la República transferirá $110 mil millones al Fondo Común Municipal (FCM) y otros $80 mil millones directamente a los municipios.
Los montos serán determinados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), organismo que deberá informar dichas estimaciones a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería para realizar las transferencias correspondientes.
De acuerdo con lo aprobado, el acceso a estos recursos estará condicionado a que las municipalidades cumplan con determinadas obligaciones. Entre ellas, deberán mantener actualizada la información relacionada con sus recursos humanos ante la Dipres y acreditar una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos, comparando su desempeño entre los años 2023 y 2025.
El proyecto también incorpora medidas destinadas a fortalecer la recuperación de recursos municipales asociados a derechos de aseo y patentes.
Según la norma, las municipalidades deberán remitir anualmente a la Tesorería General de la República una nómina de contribuyentes morosos por derechos de aseo. Esta información tendrá mérito ejecutivo para iniciar procesos de cobranza administrativa y judicial.
Además, la Tesorería podrá otorgar facilidades de pago, condonar intereses y multas, declarar la incobrabilidad de determinadas obligaciones y retener devoluciones de impuestos de contribuyentes que mantengan deudas por patentes municipales o derechos de aseo.
Durante la discusión parlamentaria uno de los principales puntos de controversia, fue la forma en que se distribuirá la compensación entre las distintas comunas. Parlamentarios que cuestionaron la fórmula plantearon que la entrega directa de recursos podría beneficiar en mayor proporción a municipios con mayores ingresos, debido a la concentración territorial de propietarios que accederán a la exención.
Desde otros sectores defendieron la medida argumentando que el objetivo del mecanismo es evitar que las municipalidades vean afectados sus presupuestos producto de la modificación tributaria y que ninguna comuna recibirá menos recursos producto de la aplicación de la ley.
Con la aprobación del informe de la Comisión Mixta, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado como ley, tras concluir su tramitación en el Congreso Nacional.
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