Reducir los tiempos y trámites burocráticos que han frenado el desarrollo inmobiliario es una de las principales demandas del sector.
Por Leonardo Núñez
Con 105 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que busca agilizar la entrega de permisos de edificación y urbanización, en un intento por destrabar el desarrollo urbano y abordar la actual crisis habitacional que afecta al país.
La propuesta, ingresada vía moción por el diputado Juan Fuenzalida con el respaldo de la Comisión de Vivienda, introduce plazos acotados, automatización de trámites y nuevos mecanismos de reclamación, con el fin de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia del sistema de aprobación de proyectos inmobiliarios.
El avance legislativo responde a un problema largamente denunciado por gremios y actores del sector: la llamada “permisología”, como se define a “una maraña de trámites, requisitos superpuestos y tiempos de espera indefinidos que ha generado importantes cuellos de botella en la aprobación de proyectos habitacionales y urbanos”.
Según estimaciones del sector inmobiliario, los retrasos en la obtención de permisos pueden extenderse por más de dos años, afectando no solo la disponibilidad de viviendas, sino también la generación de empleo y la inversión.
Actualmente, las Direcciones de Obras Municipales (DOM) deben procesar una creciente cantidad de solicitudes, muchas veces con recursos humanos y técnicos limitados, lo que ha derivado en demoras y discrecionalidad en los tiempos de respuesta. A ello se suma la falta de coordinación entre organismos públicos y la ausencia de mecanismos claros de apelación ante rechazos u observaciones.
Un avance con cautela
El nuevo cuerpo legal establece que las DOM deberán verificar la admisibilidad formal de las solicitudes en un plazo máximo de tres días hábiles. Si no se emite una resolución fundada de rechazo dentro de ese plazo, la solicitud se considerará acogida automáticamente a trámite, lo que elimina uno de los principales nudos del proceso actual.
El proyecto también incorpora modificaciones en la tramitación de los informes de mitigación vial, que ahora podrán gestionarse en paralelo a la solicitud del permiso de edificación, siempre que se acompañe el comprobante correspondiente o se acredite que no se requiere.
No obstante, algunos diputados expresaron inquietudes sobre el impacto que la aceleración de plazos podría tener en la calidad de la planificación urbana, especialmente en municipios con escasos recursos. También se advirtió que permitir procesos paralelos podría generar descoordinaciones en medidas de infraestructura vial, afectando la calidad de vida de las futuras comunidades.
El proyecto busca destrabar el desarrollo del sector inmobiliario sin comprometer los estándares de calidad ni los principios urbanísticos establecidos por ley. En medio de un escenario donde el déficit habitacional supera las 650 mil viviendas, la iniciativa ha sido valorada como un paso necesario, aunque no exento de riesgos si no se asegura la capacidad técnica de los municipios ni una adecuada fiscalización.
Ahora el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde se espera un debate más detallado sobre sus implicancias técnicas, urbanísticas y sociales, en busca de un equilibrio entre agilidad y planificación sustentable.
Como parte de las garantías incorporadas, la ley establece un procedimiento de reclamación ante la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) para los casos en que se rechacen solicitudes de permisos. Las apelaciones deberán presentarse en un plazo de 30 días desde la notificación del rechazo.
Asimismo, se regula la vigencia de los informes viales, estableciendo un período de tres años desde su aprobación y la posibilidad de extensión hasta diez años si el permiso de construcción ya fue otorgado y las condiciones no han cambiado significativamente.
