Vecinos de sectores siniestrados en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana denunciaron abandono estatal y trabas burocráticas ante la comisión investigadora del Congreso.
Por Leonardo Núñez
A más de un año del devastador megaincendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en febrero de 2024, las organizaciones de vecinos y damnificados acusan que la reconstrucción sigue entrampada.
Esta vez, lo hicieron directamente ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que indaga las acciones del Gobierno en la respuesta a la catástrofe.
Desde los distintos territorios afectados, los dirigentes coincidieron en una crítica transversal al Estado, al que acusan de abandono en temas clave como acceso a vivienda, servicios básicos y salud mental. Pero también denunciaron una excesiva tramitación burocrática, o “permisología”, como uno de los principales obstáculos para avanzar en soluciones concretas.
“La burocracia le ganó a la reconstrucción”
Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio de Villa Independencia, expuso en nombre de 1.100 vecinos: “La burocracia le ganó a la reconstrucción. Las platas del Fondo de Emergencia están, pero no llegan. Queremos justicia y reparación”.
Su compañero de organización, Jaime Mella, agregó que “seguimos sin solución habitacional. Las viviendas de emergencia no son adecuadas: no tienen agua, luz ni alcantarillado. Y los bonos se han limitado arbitrariamente”, dijo.
En esa línea, criticó duramente al Ministerio de Vivienda, por la lentitud en los procesos de autoconstrucción y la falta de asistencia técnica. Asimismo, denunció que la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar (DOM) impone múltiples trabas que impiden avanzar: “Las familias no pueden habitar las soluciones provisorias por trabas administrativas”, aseguró.
Paola Pizarro, presidenta del Comité de Vivienda Luz Esperanza de Viña del Mar, dijo que en el caso de los campamentos, “estamos en cero”.
“Nos dejaron quemar y ahora piden que regularicemos. Nosotros no vamos a abandonar nuestros terrenos. Llevamos años ahí”, sostuvo.
Pizarro alertó que la crisis no es solo habitacional, sino también emocional: “Ya van 24 suicidios de personas afectadas. No hay atención psicológica. Necesitamos un plan de salud mental urgente”.
Tras escuchar los testimonios, la comisión parlamentaria acordó enviar oficios a distintos organismos del Estado. Entre las medidas que se solicitarán destacan:
–Reactivar el ofrecimiento de 2 mil viviendas realizado por la Cámara Chilena de la Construcción tras la tragedia.
–Establecer un protocolo de atención preferente en las Direcciones de Obras Municipales para los damnificados.
–Requerir al Ministerio de Salud explicaciones sobre la discontinuidad en la atención en salud mental.
