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La medida busca recaudar cerca de US$507 millones hacia 2029, pero expertos advierten que podría provocar distorsiones, caída de precios y un freno en las transacciones del segmento alto.

Por Leonardo Núñez

El Gobierno del Partido Laborista, encabezado por Keir Starmer, presentó un paquete fiscal que incluye la creación de un impuesto a las mansiones —mansion tax— aplicable a propiedades con valores superiores a los US$2,5 millones.

Según lo anunciado por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, el recargo anual comenzará en US$3.160 para el tramo más bajo y alcanzará los US$9.500 en viviendas cuyo valor supere los US$6,3 millones.

El nuevo impuesto forma parte de una estrategia recaudatoria que busca generar cerca de US$37.400 millones entre 2026 y 2029 mediante incrementos en diversos tributos, entre ellos los aplicados al juego, las ganancias de capital, los dividendos y los ingresos inmobiliarios.

Solo el gravamen a las viviendas de lujo aportaría aproximadamente US$507 millones en el ejercicio fiscal de 2029, de acuerdo con estimaciones oficiales.

La medida llega en un contexto de alta sensibilidad en el mercado inmobiliario británico, particularmente en el segmento prime de Londres. De las cerca de 153.000 viviendas sujetas al impuesto, alrededor del 88% se ubican en la capital, según la consultora Hamptons. En la última década, los precios en los distritos más exclusivos de Londres ya han retrocedido un 23,8% desde su peak de 2014, de acuerdo con datos de la empresa internacional de servicios inmobiliarios Savills.

Expertos advierten que el nuevo gravamen podría profundizar la desaceleración. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria anticipa una caída adicional en los precios de propiedades de lujo, ya que muchos vendedores deberán absorber el costo del impuesto para mantener competitividad. También se proyectan distorsiones en los valores anunciados, con inmuebles fijados justo por debajo de los umbrales tributarios.

Otro efecto previsto es la postergación de compras. El complejo proceso de revalorización de viviendas —necesario porque el sistema fiscal británico aún opera con tasaciones de 1991— podría paralizar transacciones durante meses. “Los compradores potenciales esperarán claridad mientras se actualizan las valoraciones”, señala el informe del organismo fiscal, subrayando que el mercado ya se encuentra en un contexto “desconcertado”.

La industria inmobiliaria también advierte riesgos estructurales. Según Tom Bill, jefe de investigación residencial de Knight Frank, “la política ha prevalecido sobre la economía”, y el impuesto representará “un obstáculo para el mercado a cambio de poca recaudación”. En la misma línea, Aneisha Beveridge, de Hamptons, afirma que este tributo podría convertirse en un precedente: “Los impuestos pequeños sobre la propiedad, como el stamp duty, comenzaron modestamente y luego fueron aumentando sustancialmente”.

El plan fiscal incluye además un incremento de dos puntos porcentuales en los impuestos aplicados a los ingresos por arriendo, último capítulo de un ciclo de subidas que ha llevado a numerosos propietarios a retirar unidades del mercado. Esto, según advierten analistas, seguirá reduciendo la oferta de vivienda en alquiler y presionando los precios al alza en ciudades con elevada demanda.

El impuesto a las mansiones entrará en vigencia en 2028, y los propietarios podrán aplazar su pago hasta el momento de vender sus viviendas.

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