Investigación advierte que estas subdivisiones están fragmentando el territorio, generando “pérdida de suelo agrícola y uso insostenible de recursos hídricos”.
Por Leonardo Núñez
El fenómeno de las parcelaciones en áreas rurales ha crecido de forma acelerada en los últimos años, alcanzado una expansión de 236.465 hectáreas en todo el país. Esto equivale a nueve veces la superficie de la comuna de Santiago.
Esta es una de las principales conclusiones del libro “El impacto de las parcelas de agrado en Chile”, basado en un análisis realizado por el Centro de Estudios Ciudad y Territorio (CECT). La información recolectada aporta nuevos conocimientos y datos –que quedarán disponibles en un mapa interactivo- sobre las dimensiones del fenómeno y sus impactos en el territorio, en momentos en que se discute en el Congreso la regulación de estos asentamientos.
La publicación sostiene que el fenómeno de las parcelaciones ha generado efectos negativos en el territorio, como la pérdida de suelo agrícola, la presión sobre recursos hídricos y la fragmentación de los ecosistemas.
Además, se agrega que estas subdivisiones prediales “ocupan el 4% del suelo agrícola del país, con mayor impacto en la región de Aysén, donde el 71% de esta clase de terrenos está ocupado por parcelas”.
Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, indicó que “este es un tema que hay que mirarlo globalmente”, ya que “se va extendiendo a todo el país”.
“Cualquier persona podría tener una parcela de agrado, el problema que es una cosa que es buena para una persona puede ser muy mala para la sociedad y para el planeta. Este es un tema que afecta la biodiversidad, afecta lo climático, afecta lo alimentario, afecta la estructura territorial cada vez más”, agregó.
María Loreto Paillaqueo, encargada del equipo de Análisis Territorial del CECT, detalló que entre los impactos de estas subdivisiones se encuentran “la fragmentación del territorio, pérdida de suelo agrícola, sobrecarga de infraestructuras y uso insostenible de recursos hídricos, incluso en áreas protegidas y zonas de alto riesgo de incendios forestales”.
El fenómeno de las parcelaciones ha generado un fuerte debate, lo que se ha intensificado con el proyecto del gobierno para su regulación. Juan Enrique González, doctor en proyectos arquitectónicos y socio de Valor Raíz, es uno de los actores de la sociedad civil que ha criticado las modificaciones que plantea el nuevo cuerpo legal.
Ha señalado que la propuesta de “establecer condiciones específicas para los conjuntos habitacionales rurales, exigiendo que un 70% del predio se destine a fines agrícolas o a conservación ambiental, podría parecer una medida loable en pro de la preservación de nuestro patrimonio rural”.
Sin embargo, esto podría afectar a los pequeños y medianos agricultores que ya luchan por mantenerse a flote en un mercado cada vez más competitivo. “Al restringir el uso de la tierra, estamos potencialmente limitando la capacidad de estos agricultores para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y a las presiones económicas”, advierte.
Por su parte, el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), José Guajardo, señaló que “vemos con preocupación cómo este fenómeno ha afectado la soberanía alimentaria, la calidad del suelo y las prácticas silvoagropecuarias en bastas áreas del territorio nacional. La pérdida de suelo agrícola para la construcción de viviendas residenciales es una amenaza directa para el desarrollo sostenible de nuestras zonas rurales”.
Los cambios sociales y económicos posteriores a la pandemia han impactado al mercado inmobiliario rural. Los números muestran que las solicitudes de parcelaciones han experimentado una caída del 30% en agosto de 2024, retrocediendo a niveles similares a los previos a la crisis sanitaria.
