Cabe señalar que la iniciativa consiguió el patrocinio necesario para ser discutida por el Consejo Constitucional.
Por: Renato Herrera Lagos
Fue en el capítulo 14 de la cuarta temporada del noticiero Vista Panorámica dónde Margarita Urra, Gabriela Morral y Jeremmy Contreras, miembros de la creación de la Iniciativa Popular de Norma (IPN) “Derecho a la Vivienda Digna, Segura y Propia”, logró conseguir una alta votación y el patrocinio necesario para ser discutida por el Consejo Constitucional.
El viernes 7 de julio a medianoche finalizó el proyecto de votación de las Iniciativas Populares de Norma. Instancia en que propuestas nacidas de la sociedad civil podían participar al conseguir 10 mil firmas para su discusión ante los miembros del Consejo Constitucional, organismo que redactará el proyecto que será llevado a plebiscito a finales de 2023.
La IPN 10327 “Derecho a la Vivienda Digna, Segura y Propia”, se confeccionó junto a decenas de comités de viviendas y representa a más de 2000 familias. A la necesidad de redactar la iniciativa se sumó la Brigada Popular Teresa Flores y un equipo conformado por estudiantes de la Universidad de Chile. La Brigada por su parte, brinda asesoría jurídica en búsqueda de fortalecer la organización popular, quienes ya habían participado en el proceso constituyente anterior.
La iniciativa busca modificar el artículo 16, numeral 28 del anteproyecto. “En la comisión de expertos, que es la autora de este anteproyecto, no había ningún experto en materia de vivienda”, según contó el miembro de la Brigada, Jeremmy Contreras. Esta IPN busca paliar una necesidad evidente surgida en 2023, cuando se registró un incremento en la cifra de déficit habitacional cuantitativo de un 66% en los últimos siete años. Contreras cuestionó el proceder, afirmando en Vista Panorámica que “la vivienda en Chile es un negocio con el que políticos y empresarios se han enriquecido”.
Respecto a los principales puntos de la Iniciativa, para entender la IPN “Derecho a la Vivienda Digna, Segura y Propia”, Gabriela Morral de la Brigada Popular, detalló que uno de ellos se refiere a que se debe contemplar en su diseño la debida accesibilidad a todas las personas; se enfoca en masificar la oportunidad y el pleno disfrute a todos los espacios, bienes y servicios públicos y privados.
Otro de los puntos denominado “Ubicación apropiada”, se refiere a que las viviendas deben ser ubicadas en un medioambiente sano, libre de contaminación, una ubicación segura, libre de ruidos molestos, protegida de potenciales riesgos y amenazas de procesos naturales.
El tercer punto, denominado como de “Protección” a las personas y hogares, busca que se prohíba el desalojo forzoso, el desplazamiento arbitrario. Finalmente, el cuarto punto llamado “Acceso” pleno y sostenible a la vivienda, busca que los costos para acceder a la vivienda digna y su mantención no deben sobrepasar el 30% de los ingresos de los habitantes.
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Hablar de vivienda digna en Chile
En la conversación, también se habló de los efectos para la sociedad chilena ante la puesta en práctica de la iniciativa. Para Contreras “eleva el nivel de discusión en torno a la planificación de proyectos habitacionales hacia las organizaciones sociales para que también puedan influir en cómo se llevan a práctica estos proyectos”. También agregó que protegería el estándar mínimo de los planes reguladores.
Uno de los puntos hablados fue sobre las motivaciones para llevar adelante la iniciativa. Para Margarita Urra, de la Asociación de comités de los allegados “Los sin Tierra”, sentenció que “mi sueño más grande es tener una Constitución con Derechos Humanos”, expresando también la necesidad de movilizarse para que en un futuro próximo el proceso sea más accesible, reconociendo que si bien existe la posibilidad de acceder a vivienda no se garantiza su derecho, la mayor falencia está en los “requisitos que te hacen pelear entre pobres”.
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La Iniciativa Popular de Norma “Derecho a la Vivienda Digna, Segura y Propia” consiguió finalmente 14.161 apoyos. La cifra es suficiente para ingresar a la discusión junto a otras 30 enmiendas. Por ahora queda esperar a diciembre, donde el anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos se someterá a un plebiscito de salida.
