La iniciativa que avanza en el Congreso, busca establecer sanciones por la ocupación de bienes nacionales de uso público mediante instalaciones precarias. El debate se instala mientras el Gobierno implementa un protocolo para coordinar la intervención de estos asentamientos.
Por Tomás Rodríguez Botto
La instalación de rucos en calles, plazas, bandejones y otros espacios públicos, vuelve a abrir un debate que va más allá de su retiro. Mientras el Congreso avanza en un proyecto que busca establecer nuevas sanciones para este tipo de ocupaciones, el Gobierno ya puso en marcha un protocolo destinado a ordenar la intervención de asentamientos precarios, emplazados en bienes nacionales de uso público.
La iniciativa fue aprobada en general por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, y reúne dos mociones refundidas. Una de ellas busca sancionar la ocupación de espacios públicos mediante instalaciones precarias que puedan servir de base para la comisión de delitos, mientras que la otra propone incorporar al Código Penal el uso de bienes de uso público o de libre acceso para habitar o pernoctar.
El proyecto se encuentra todavía en tramitación legislativa, por lo que sus disposiciones no constituyen aún una nueva regulación vigente. Su discusión, sin embargo, coincide con la implementación de medidas administrativas destinadas a abordar la presencia de rucos y recuperar espacios para el uso de la comunidad
El problema ya ha llevado a distintos municipios a desarrollar planes específicos. En Santiago, por ejemplo, la municipalidad informó en enero que había retirado 1.500 rucos en dos meses, como parte de un programa enfocado en la recuperación de espacios públicos, particularmente en sectores como el eje Mapocho y el Paso Bajo Nivel Lira.
A nivel nacional, el Gobierno presentó en julio el Protocolo para la Gestión de Rucos, que establece un marco común para coordinar las intervenciones en asentamientos precarios instalados en espacios públicos. La medida busca ordenar la participación de las distintas instituciones involucradas y establecer criterios comunes para este tipo de procedimientos
La existencia de este protocolo permite abordar la problemática desde una perspectiva de gestión urbana, puesto que los objetivos van más allá de retirar una estructura, busca definir qué organismos intervienen, cómo se realiza el procedimiento y qué ocurre posteriormente con el espacio recuperado
Las mociones que avanzan en el Congreso apuntan a incorporar herramientas de carácter penal frente a determinadas formas de ocupación. En particular, una de las propuestas considera sancionar la utilización de instalaciones precarias que ocupen bienes nacionales de uso público y que sean utilizadas como base para la comisión de delitos. La segunda incorpora una propuesta para considerar delito el uso de estos espacios, para habitar o pernoctar y contempla, la figura de flagrancia permanente.
De esta manera, la discusión legislativa se suma a las medidas administrativas que ya comenzaron a implementarse y plantea un escenario en que la recuperación de espacios públicos, podría contar con herramientas adicionales
La propuesta deberá continuar su tramitación antes de convertirse en ley, mientras el protocolo implementado por el Ejecutivo ya constituye una herramienta vigente para coordinar las intervenciones en estos asentamientos.
