La iniciativa establece penas de cárcel o multas para quienes levanten, mantengan o utilicen estructuras precarias destinadas a habitación o pernoctación y cuando obstaculicen la libre circulación.
Por Tomás Rodríguez Botto
La Cámara de Diputados avanzó en la tramitación de un proyecto de ley que busca sancionar la ocupación de bienes nacionales de uso público mediante estructuras precarias, como carpas, rucos u otras instalaciones destinadas a la habitación o pernoctación.
La propuesta fue despachada a la Sala por la Comisión de Gobierno Interior. El nuevo texto establece una pena de prisión en su grado medio a máximo o una multa de entre una y dos UTM para quien sin autorización, levante, mantenga o utilice una instalación precaria destinada a habitación o pernoctación de un bien nacional de uso público, cuando esta obstaculice la libre circulación de las personas.
La aplicación de la sanción estará condicionada a que previamente el Estado facilitara alternativas de apoyo a la persona y esta no las haya aceptado. También, se aplicará cuando pese a haber aceptado dicha asistencia, continúe utilizando la instalación.
En caso de reincidencia, la propuesta contempla la pena de presidio menor en su grado mínimo. Para efectos del proyecto, se considera instalación precaria toda estructura levantada con materiales ligeros y fácilmente desmontables.
La indicación también modifica el Código Procesal Penal para facultar a las policías a detener, citar y registrar a quienes cometan este delito en flagrancia. El texto establece que existirá flagrancia mientras la persona permanezca utilizando la instalación, carpa o estructura destinada a la ocupación del espacio público.
El proyecto original tenía un alcance distinto. Su objetivo era incorporar al Código Penal un nuevo delito asociado a la utilización de instalaciones precarias cuando estas fueran empleadas para mantener armas, drogas o especies provenientes de actividades delictivas.
La propuesta inicial establecía presidio menor en su grado medio para quienes levantaran, mantuvieran o utilizaran una estructura precaria destinada a habitación o pernoctación cuando en ella mantuvieran armas de fuego, municiones u otros elementos sometidos a control cuya posesión no estuviera autorizada; armas cortantes o punzantes cuyo porte no pudiera justificarse; especies respecto de las cuales existieran antecedentes que permitieran presumir su origen delictivo, o sustancias estupefacientes o sicotrópicas en cantidades superiores al consumo personal.
Entre sus fundamentos, el proyecto plantea que distintas municipalidades han enfrentado un aumento de este tipo de estructuras en bienes nacionales de uso público y que, en algunos casos, estas se encuentran asociadas a situaciones delictivas.
Como antecedente, la iniciativa menciona a San Miguel, donde los retiros de estructuras precarias entre enero y abril, aumentaron de 255 en 2025 a 682 en 2026. En el mismo período, los reclamos vecinales pasaron de 145 a 575.
El proyecto también cita cifras del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según las cuales en la Región Metropolitana existen más de 8.000 estructuras precarias. Además, menciona situaciones registradas en comunas como San Joaquín, San Bernardo, Ñuñoa, Concepción, Antofagasta y Puerto Montt.
Durante la discusión en la comisión, parlamentarios de oposición cuestionaron el enfoque sancionatorio y plantearon que la iniciativa no aborda las causas sociales asociadas a estas ocupaciones. Asimismo, manifestaron reparos respecto de la pena contemplada para los casos de reincidencia, debido a sus eventuales efectos sobre el sistema penitenciario y señalaron que el proyecto podría significar una criminalización de la pobreza.
Desde el oficialismo, en tanto, se defendió la necesidad de establecer medidas frente a situaciones que afectan el uso de los espacios públicos y la vida cotidiana de los vecinos. En la discusión se sostuvo que ninguna persona tiene derecho a ocupar estos bienes en perjuicio de su uso común y que se requieren herramientas para enfrentar este tipo de situaciones.
Tras la aprobación de la indicación sustitutiva, el proyecto quedó en condiciones de continuar su tramitación en la Sala de la Cámara de Diputados.
