El gremio argentino advirtió que son 200.000 los empleos que estarían en riesgo de perderse y afirmó que ya son 3.500 las obras públicas que ya están paralizadas.
Durante la jornada de ayer, la Cámara de la Construcción de Argentina conformada por 1.400 empresas se declaró en estado de emergencia producto de las medidas que tomó el presidente del país trasandino, Javier Milei de recortar la inversión pública e infraestructura que forman parte de su plan fiscal.
Con el principal objetivo de llegar al equilibrio fiscal, Milei anunció en diciembre del año pasado una serie de medidas de ajuste severo que incorporó la determinación del Estado Nacional de no licitar nuevas obras públicas y de cancelar licitaciones autorizadas de propiedades que aún no se han empezado a construir.
Los integrantes de las compañías que forman parte de esta asociación gremial, calificaron de está situación como “terminal” y detallaron que de mantenerse este escenario tendrá “efectos irreversibles” en la economía trasandina.
Parte del comunicado emitido por la Cámara informa que “este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.
Además, las compañías del sector de la construcción señalaron que además del problema de la paralización de la obra pública se suma los inconvenientes de los retrasos de pagos, altas tasas de interés y el control de la inflación que en 2023 cerró con 211,4%, una de las más elevadas del mundo.
El gremio comentó que tomará las medidas necesarias para poder tener “En brevísimo plazo” la solución a estos problemas que son la definición de obra pública que serán prolongados y readecuación de estos en relación a los precios, plazos y deuda.
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El presidente de la Cámara, Gustavo Weiss en diálogo con el medio Noticias Argentina describió este evento como una “crisis inédita”. “Hemos pasado períodos de paralización pero está crisis nos impacta con muchas obras en ejecución, con empresas con mucha carga, mucha deuda. En 2001 las empresas tenían pocos contratos, entonces se pudo capear”.
También, Weiss señaló que “Si estuviera la plata sería fácil. Pero hay que ver si la solución alcanza para un 10% de las obras en ejecución o a un 70%. Ya sabemos que para el 100% no va a estar. Pero sí sabemos que la solución no está en el corto plazo. Sin duda van a seguir paradas en el largo plazo”, cerró.
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Sobre este tema el analista internacional de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste opinó que “Milei tiene que bajar el gasto público en 20.000 millones de dólares que son cinco puntos del producto bruto para dejar de emitir moneda y de esa manera poner bajo control la inflación. Naturalmente esto implica dejar de hacer obras públicas, reducir fuertemente los subsidios, la energía a empresas públicas”.
Además, el experto comentó que “Argentina está en una etapa de retracción, va a haber una caída del producto bruto del 3% más o menos y este es el camino que cualquier presidente debería haber hecho, no había otra forma de hacer esto”.
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El economista de la Universidad de Chile, José Sapag explicó “que está era una medida que se veía venir, Milei fue super clara cuando dijo que no había plata en el sector público y por tanto lo único que está tratando de hacer es tratar el déficit estructural que tiene la cuenta pública”.
Asimismo, Sapag añadió su visión de cómo estas medidas pueden repercutir en el mercado latinoamericano y especialmente en el chileno. “la paralización de la inversión pública te genera un chantaje, yo te diría que aquí hay señales primero de ser moderado en la política pública, nosotros en Chile ya tenemos un déficit estructural, tenemos una deuda que se está acercando al 40% del PIB, por lo tanto hay una señal ahí de qué tan real estamos haciendo el gasto.
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En relación a cómo este tema afecta al rubro inmobiliario, Sapag declaró que “es una invitación a diversificar un poco la matriz de ingresos en el sentido de no depender exclusivamente del aparataje público”, señaló.
