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Las cifras advierten que dichos trámites están enlazados con otras autorizaciones como la aprobación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el caso que corresponda.
Por: Renato Herrera Lagos
Un estudio de Colliers a escala nacional detectó que a 2022, la ejecución de proyectos de vivienda había tardado 1.790 días, considerando las permisologías a nivel municipal y las faenas de construcción. Esa cantidad de tiempo -casi cinco años- es casi 40% superior a los 1.298 días observados cuatro años antes, en 2018. En 2019 eran 1.350 días, en 2020 fueron 1.626 y en 2021 se detectaron 1.693 días.
“El primer trámite para estas iniciativas es la aprobación del anteproyecto, plazo que se cuenta desde el ingreso a la Dirección de Obras Municipales (DOM) hasta su visto bueno. Luego, se avanza al permiso de edificación, el cual la constructora o inmobiliaria necesita tener visado para iniciar los trabajos”, explica Jaime Ugarte, Director Ejecutivo de Colliers.
El análisis señala que estos trámites están además enlazados con otras autorizaciones como la aprobación del Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) si corresponde.
“Si bien existen plazos legales que debieran cumplir los organismos fiscales, estos plazos no se exigen. Las constructoras o arquitectos están indefensos ante los incumplimientos”, detalla Ugarte. El ejecutivo añade que “se ha hecho tradicional que las autoridades políticas incorporen criterios no técnicos ni previstos en las regulaciones, lo que hace muy difícil que la evaluación técnica sea expedita”.
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Cabe destacar que en este tema, la Ley Nº20.958 juega un rol central en la manera cómo se establece el crecimiento urbano por densificación.
“La Ley N° 20.958 de 2019 que crea un Sistema de Aportes al Espacio Público estableció que los proyectos inmobiliarios que impliquen crecimiento urbano por densificación y ocasiones impactos relevantes sobre la movilidad vial deben ser mitigados mediante la ejecución de medidas de mitigación determinadas mediante un IMIV”, señala Carolina Matthei Da Bove, abogada experta en derecho urbanístico y socia de González, Guzmán & Matthei Abogados.
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“Un tercer factor son los grupos de presión, habitualmente muy minoritarios, que son muy persistentes en defender intereses particulares y que generan una gran distracción en los organismos”, advierte el ejecutivo de Colliers
El análisis indica que la permisología en algunas comunas significa casi el 50% de la duración total de los proyectos, aunque el promedio es de más de 30%.
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Recordar que en el último informe MACh 64, de la Cámara Chilena de la Cosntrucción (CChC), uno de los aspectos más importantes y con mayor énfasis de los ejecutivos de la CCHC se relación con las condiciones de acceso a créditos, aún restrictivos, la falta de certezas jurídicas, avances en materia de “permisología”, incertidumbre respecto al comportamiento del mercado y las reformas en materia de previsión, constitucionales y tributarias, asimismo, al pausado ajuste que experimenta la actividad económica e inflación.
Sobre permisología, desde la gremial indican que las incertezas jurídicas y de avances concretos en materia de autorizaciones, licitaciones de concesiones de obras de infraestructura y productividad, que se han producido en 2023, sigue siendo un tema restrictivo.
“En la Región Metropolitana los mayores plazos se dan en Conchalí, Quinta Normal, San Joaquín, Huechuraba, Macul y Estación Central. En regiones en Los Lagos y O´Higgins”, sentencia el ejecutivo de Colliers.
