El rubro ha perdido 160 mil puestos de trabajo en los últimos 4 años. Esto podría ahondarse por el mayor costo del empleo que contempla la nueva ley.
Por Leonardo Núñez
Concluido su trámite legislativo en el Congreso, ahora viene la tapa de implementación de la Reforma de Pensiones, la cual, con los cambios aprobados, representa la mayor modificación al sistema desde 1981.
Uno de los aspectos a considerar, y que fue advertido por los expertos, será su impacto en el empleo, sobre todo en sectores económicos como el de la construcción y el desarrollo inmobiliario, donde el trabajo humano es un factor esencial para el éxito de las empresas.
En esa línea, Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, señaló que “preocupa el mayor impacto que esto tendría en el mercado laboral que esperamos se atenúe con una adecuada gradualidad”.
La nueva legislación, con cargo al empleador, incrementará en un 7% más la cotización de la renta imponible, que se sumará al 1,5% que ya aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Con ello, la cotización total de los empleadores será del 8,5% en beneficio del trabajador. Esto irremediablemente tendrá un efecto en los costos fijos de las grandes y pequeñas empresas.
Basado en un análisis actualizado del Banco Central, desde el propio Ministerio de Hacienda indicaron que en el largo plazo el aumento de la cotización va a afectar el empleo formal, lo que “significaría la destrucción de menos de 100 mil puestos laborales”.
Esto se vería compensado por un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el ahorro como proporción del PIB. El mercado de capitales, además, se estabilizaría y contaría con más fondos gracias al aumento de la cotización, lo que tiene un efecto directo en las empresas que requieren endeudarse a largo plazo (como se sabe, los retiros de fondos afectaron el acceso a financiamiento, lo cual se vio reflejado en el alza de interés de los créditos hipotecarios).
Otro resguardo que contempló la reforma de pensiones, es que el alza de la nueva cotización se implementará con una gradualidad de 9 años. Esto podría extenderse en dos años adicionales si una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario, que se efectuará al tercer año, determina que el efecto recaudatorio ha sido menor al esperado, conforme a las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo.
El problema para la construcción es que la reforma se aprobó en momentos en que el sector enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. En los últimos 4 años, el rubro ha perdido cerca del 20% del empleo que solía generar (160 mil puestos de trabajo).
Ello fue advertido por el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del Banco Central correspondiente al segundo semestre del año 2024. Se identificó a este sector y a las tasas de interés de largo plazo como los “principales factores de riesgo local para la estabilidad financiera”, debido a su interconexión con áreas clave de la economía, como el empleo, deuda financiera y desarrollo de infraestructura, entre otros.
El IEF alerta que “el índice de cuota impaga de las empresas inmobiliarias alcanzó 1,7% de las colocaciones del sector, el valor más alto en los últimos quince años”.
Es por ello que el rubro tiene puesta sus esperanzas en el proyecto de ley que busca subsidiar los créditos hipotecarios, el cual es considerado una medida efectiva para impulsar las ventas de viviendas nuevas y liberar recursos para la inversión en nuevos proyectos inmobiliarios.
La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), señalaron que las medidas, una vez aprobadas, ayudarían a “dinamizar la economía y finalmente fortalecer el empleo”. Sin embargo, la iniciativa recién inició su trámite legislativo en el Congreso. Y, de aprobarse este año, su resultados recién podrían verse en 2026.
