La entidad sostiene que los cambios normativos firmados por la alcaldesa Macarena Ripamonti, anularon la posibilidad de crear proyectos inmobiliarios en terrenos que les pertenecen.
Por Leonardo Núñez
La Corte de Apelaciones de Valparaíso se encuentra analizando un reclamo de ilegalidad presentado por la Inmobiliaria Makro, en contra de la Municipalidad de Viña del Mar.
Lo anterior, debido a que la empresa acusa que la reciente modificación al Plan Regulador Comunal (PRC) del sector Reñaca Costa Norte -que involucra un sector de dunas-, constituye una “expropiación encubierta” de sus terrenos.
La acción judicial de la empresa apunta directamente al Decreto Alcaldicio N°11.932, mediante el cual, la alcaldesa Macarena Ripamonti promulgó en 2025 los cambios normativos que redujeron drásticamente la constructibilidad del área, permitiendo solo un 15% de ocupación del suelo y restringiendo su uso exclusivamente a templos religiosos y espacios deportivos.
En este sentido, el recurso presentado el 30 de diciembre por el abogado Rodrigo Andreucci, explica que la normativa anterior permitía un coeficiente de constructibilidad de hasta 200%, el cual fue reducido a sólo 15%, lo que a juicio de la inmobiliaria, “hace imposible cualquier proyecto relevante”.
“En los hechos, se trata de una expropiación sin indemnización legal, lo que no es admitido por nuestro ordenamiento jurídico”, sostiene el escrito, agregando que la medida sería arbitraria, ilegal e inconstitucional.
“Cuando el municipio cambia las normas urbanísticas en un supuesto resguardo del medio ambiente, pero en realidad lo hace para impedir la construcción de nuevos proyectos residenciales en la zona, lo que ejecutó fue una expropiación encubierta”, señala el recurso dado a conocer por El Mercurio de Valparaíso.
Desde la Municipalidad de Viña del Mar, el director jurídico Felipe Cornejo, solicitó el rechazo total del reclamo, argumentando que la medida se ajusta plenamente a las facultades legales del municipio y responde a criterios de seguridad pública.
En su presentación, el municipio reconoció que, a raíz de los socavones de 2023 y 2024, “surgió la necesidad de realizar estudios urbanísticos y ambientales sobre el sector, con el objeto de efectuar una modificación al PRC”.
En el escrito, además, se reconoce que los tres eventos generaron un “escenario de alto riesgo para la población y, en general, para la ciudad”.
