Representantes del sector de la construcción e inmobiliario plantean que una eventual extensión de los plazos de responsabilidad por defectos constructivos podría generar mayores exigencias para la industria y traducirse en un encarecimiento de las viviendas, especialmente en un contexto marcado por bajos niveles de inversión y dificultades de financiamiento.
Por Leonardo Núñez
La discusión sobre una eventual ampliación de los plazos de responsabilidad por defectos constructivos continúa generando debate en el sector inmobiliario. Desde la industria reconocen la importancia de fortalecer los estándares de calidad y protección para los compradores de viviendas, pero advierten que la medida también podría tener efectos económicos relevantes para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.
Uno de los principales puntos planteados por los gremios es que las responsabilidades asociadas a la construcción involucran a una extensa cadena de actores, entre ellos proveedores, fabricantes, aseguradoras, certificadores y empresas vinculadas a los distintos sistemas constructivos. En ese contexto, sostienen que extender las garantías exigiría revisar las coberturas y responsabilidades de cada uno de estos participantes.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) han señalado que una parte importante de los materiales utilizados en las obras no cuenta actualmente con garantías equivalentes a diez años. A juicio del gremio, esto podría traducirse en mayores costos de aseguramiento, financiamiento y gestión para las empresas, con un impacto directo en la viabilidad económica de los proyectos.
En paralelo, representantes de la industria han planteado la necesidad de profundizar el análisis técnico sobre las causas que originan los problemas detectados en determinadas instalaciones y materiales. Desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) destacan que la posventa es una etapa clave para el sector y que existe un trabajo permanente orientado a mejorar la experiencia y satisfacción de los propietarios.
En esa línea, el gremio ha propuesto la conformación de una mesa técnica que permita evaluar el comportamiento de los materiales que han estado involucrados en distintos casos reportados durante los últimos años. El objetivo sería identificar con mayor precisión los factores que inciden en eventuales fallas y determinar responsabilidades de manera adecuada.
Especialistas del sector coinciden en que fortalecer la protección de las familias y elevar los estándares de calidad de las viviendas es una meta compartida por la industria. Sin embargo, advierten que cualquier aumento de las exigencias regulatorias debe considerar el escenario actual del mercado, caracterizado por mayores costos de construcción, restricciones de financiamiento y extensos plazos de tramitación de permisos.
Según estiman, una eventual ampliación de las responsabilidades podría tener un efecto más significativo en segmentos sensibles, como la vivienda social, donde los márgenes de los proyectos suelen ser más estrechos y cualquier incremento de costos puede afectar su desarrollo.
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