La Comisión Mixta votará el próximo martes 4 de agosto el informe final de la iniciativa, tras semanas de negociaciones por el mecanismo que busca mitigar el impacto en los ingresos municipales derivados del beneficio tributario.
Por Tomás Rodríguez Botto
El mecanismo de compensación para los municipios ante la reducción del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años se convirtió en uno de los principales puntos de discusión durante la tramitación del Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.
Tras diversas conversaciones entre parlamentarios y el Ejecutivo, la Comisión Mixta deberá votar el próximo martes 4 de agosto de 2026 el informe final de la iniciativa, instancia que definirá el texto que continuará su proceso legislativo.
La discusión estuvo marcada por el impacto que podría generar la medida en las finanzas municipales, debido a que una parte relevante de los ingresos comunales proviene del impuesto territorial. Por ello, durante la tramitación se incorporó un mecanismo destinado a compensar a los gobiernos locales, por la menor recaudación asociada al beneficio para los adultos mayores.
Desde la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), su presidente Alfredo Echavarría, señaló que los tiempos de tramitación continúan siendo un elemento de preocupación para el sector. “Las tramitaciones pendientes, tanto en Comisión Mixta como en el Tribunal Constitucional, son motivo de preocupación por el retraso que causarán en la implementación de las medidas”, afirmó.
El avance del proyecto también abrió la discusión sobre la capacidad de los municipios para enfrentar eventuales ajustes en sus ingresos y la necesidad de fortalecer sus mecanismos de gestión.
Rodrigo Aravena, director comercial de AGS Visión Inmobiliaria, planteó que las administraciones locales deberán revisar tanto sus fuentes de ingresos como sus estructuras de gasto.
“Me parece que los municipios deben poner foco en dos ejes: promover inversión, destrabando proyectos que permitirían mayor recaudación fiscal y generando eficiencia administrativa, recortando programas y gastos innecesarios. En ambos aspectos, cada municipio sabe claramente dónde puede generar ingresos o recortar gastos”, sostuvo.
Además del beneficio para propietarios mayores de 65 años, el proyecto incluye otras medidas vinculadas al mercado habitacional, entre ellas una exención transitoria y voluntaria del IVA para viviendas nuevas, iniciativa que busca facilitar la comercialización del stock disponible.
Sobre este punto, Aravena señaló que el efecto esperado no correspondería a una reducción completa del impuesto en el precio final de las viviendas.
“Esta medida y sus descuentos estimados potenciarán la venta de viviendas de entrega inmediata, factor que a su vez impulsará a reactivar un nuevo ciclo inmobiliario. Pero no creamos que su aplicación voluntaria significará una rebaja inmediata del 19% en el valor de las viviendas. A lo más, creemos que su rebaja sería del orden de un 8%, pues existen una serie de costos en la elaboración de un proyecto que no generan IVA crédito, como los gastos generales y la compra del terreno”, explicó.
