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En momentos en que el financiamiento está restringido surge la duda de si la nueva legislación dificultará aún  más la compra de una propiedad.

Por Leonardo Núñez

Con su reciente publicación en el Diario Oficial, la nueva Ley de Deuda Consolidada ya entró en vigencia.  Su promesa es que, por primera vez, las personas y los otorgantes de crédito podrán acceder a la información consolidada de deuda, tanto positiva (ya pagadas o al día) como negativa (en mora).

Para el cumplimiento de esto objetivos, el cuerpo legal creó un registro oficial de información que consolida los datos sobre las obligaciones crediticias, a fin de mejorar el sistema de evaluación y entregar mayor información a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para su regulación y supervisión.

“Estamos seguros que va a significar un paso adelante muy importante en el acceso equitativo al crédito y especialmente como un incentivo a los buenos pagadores”, indicó el Ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Sin embargo, en momentos en que el financiamiento está restringido por el actual estado de la economía, surge la duda de si la nueva legislación  tendrá un impacto en el acceso de las personas al crédito hipotecario, dificultando aún más la compra de una propiedad.

En los últimos 12 meses se registró un incremento de más de 10% en los sueldos requeridos para un crédito hipotecario. Así, para un préstamo de UF 3.000 a 20 años plazo y con un pie de 20% actualmente se exige una renta de $2.535.210, cifra que es un 9,6% más que en 2022 o $221.132 extras (estudio de MiMejorTasa.cl).

Cristián Martínez, fundador de Crece Inmobiliario y Master de Administración de Empresas, sostiene que el “impacto en el mercado inmobiliario podría ser más complejo de lo que parece a primera vista”.

En un columna sobre la materia, agrega que,  “en teoría, los objetivos de la ley son dignos de aplaudir: mitigar el sobreendeudamiento, fomentar la educación financiera y reforzar los mecanismos de fiscalización. Sin embargo, al unificar datos de diversas fuentes, incluyendo mutuarias y casas comerciales, se corre el riesgo de destapar un panorama financiero complejo para muchos chilenos”.

En esa línea, indica que esta “clarificación financiera” podría generar una reacción en cadena en el sector inmobiliario: “Los bancos, ahora con información más detallada, podrían endurecer aún más sus estrictos criterios para otorgar créditos hipotecarios, lo que podría dejar fuera a un segmento significativo de potenciales compradores de vivienda”.

Otro incentivo al arriendo

Por su parte,  Iván Muena, arquitecto y CEO de Loping, recuerda que hoy existen varias plataformas que ya entregan este servicio, las cuales cuentan con registros muy confiables.

“Sin embargo, con esta nueva ley, quedan centralizados todos los tipos de deuda. En ese sentido, a mí me parece que no es un buen avance”, indica a “El Diario Inmobiliario”.

En cuanto a si dificultará más el acceso al crédito hipotecario, sostiene que no mueve mucho la aguja, “porque el problema no es la consolidación o la información de la consolidación de la deuda de las personas, sino que la capacidad de acceso a ese tipo de créditos, con la posibilidad de poder tomar o no una nueva  deuda versus las capacidades de pago”.

Cristián Martínez acota que hay que estar atento a sus efectos en el media y largo plazo. “¿Veremos un auge de los modelos de arriendo corporativo en detrimento de la propiedad individual? ¿Se acentuará la brecha entre quienes pueden acceder a una vivienda y quienes no? La implementación de esta ley requerirá un delicado equilibrio entre la prudencia financiera y el estímulo al sector inmobiliario”, concluye.

A esto se añade que, por ahora, los salarios es otra traba que está alejando a las personas del sueño de la casa propia. Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), realizada durante el trimestre octubre-diciembre de 2022, en Chile sólo el 28,5% de la población recibe ingresos mensuales iguales o superiores a $800.000. Esta cifra representa el umbral mínimo necesario para optar a un crédito hipotecario. Es decir, solo 3 de cada 10 chilenos clasificaría para comprar una vivienda.

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