Castro Marim identificó construcciones sin licencia —entre casas modulares, prefabricadas y contenedores marítimos— y anticipó que cerca del 70% no podrá regularizarse. La autoridad advierte riesgos en gestión urbana, protección civil y equidad frente a quienes cumplen la normativa.
Por: Tomás Rodríguez Botto
El Ayuntamiento de Castro Marim, en el sur de Portugal, detectó un centenar de viviendas levantadas sin licencia municipal, tras un catastro impulsado por la prefectura del distrito de Faro. De ese total, aproximadamente el 70% no reúne condiciones para su regularización, por lo que el municipio prevé avanzar en su demolición.
Las intervenciones identificadas incluyen casas móviles prefabricadas, viviendas de madera, módulos habitacionales y contenedores marítimos adaptados como residencia, emplazados en su mayoría en zonas rurales o dispersas del territorio.
En declaraciones a Lusa, la alcaldesa Filomena Sintra afirmó que el 95% de los casos corresponde a personas que “eligieron, por iniciativa propia, y no por falta de alternativas”, instalar este tipo de viviendas en el municipio. Según la autoridad, no se trata predominantemente de situaciones vinculadas a vulnerabilidad extrema, sino de decisiones individuales de localización fuera del marco urbanístico.
La jefa comunal explicó que el proceso abierto es “exigente en términos administrativos y jurídicos”, y que resulta imprescindible distinguir entre “viviendas propias y permanentes” y ocupaciones realizadas por “personas que eligen el territorio para permanecer aisladas de las zonas urbanas” y estar cerca de la naturaleza.
Desde el municipio advierten que el fenómeno trasciende la infracción urbanística. Sintra sostuvo que esta “elección individual conlleva graves problemas de gestión colectiva”, especialmente en materias de protección civil, prevención de incendios, acceso a servicios sanitarios y planificación social.
“No sabemos quiénes son los hogares, y luego, en una situación de emergencia, no forman parte de ningún plan de intervención”, señaló la alcaldesa, agregando que muchas de estas viviendas se ubican en “zonas dispersas, escondidas, sin acceso cualificado”. A su juicio, destinar recursos a estas áreas implicaría postergar la atención de cerca de 100 viviendas legales distribuidas en el municipio.
Asimismo, indicó que se han detectado casos de propietarios que solicitan conexiones de agua o electricidad para otros fines y posteriormente instalan viviendas modulares móviles, así como situaciones en que los módulos son retirados ante inspecciones y reinstalados más tarde.
