La iniciativa legislativa revela, entre otro datos, que las familias chilenas deben ahorrar más de 11 años para comprar una propiedad. Hace una década, sólo se necesitaban 4.
Por Leonardo Núñez
“Proyecto de ley que establece subsidio a la tasa de interés hipotecaria para la adquisición de viviendas nuevas y modifica normas que indica”. Con este nombre ingresó vía Cámara de Diputados (Primer trámite constitucional, mensaje presidencial), la iniciativa legislativa que busca facilitar el financiamiento bancario para la adquisición de propiedades.
Este es uno de los principales motivos del estancamiento de las ventas en el sector inmobiliario, de acuerdo al consenso generalizado de los experto en el área.
Como todo proyecto, sus autores –en este caso los ministros de Hacienda, Economía, Vivienda y el Presidente–, deben justificar las cambios legislativos propuestos, sobre todo cuando tienen un impacto en el erario nacional y en normas constitucionales.
Así, a lo largo del cuerpo legislativo, las autoridades firmantes entregan una serie de cifras que vuelven a poner en el tapete la profunda crisis del sector de la construcción y del desarrollo inmobiliario, lo cual ha sido advertido hace años por los principales actores del rubro.
“El sueño de la casa propia se ha vuelto inalcanzable para gran parte de los chilenos, mientras el mercado inmobiliario enfrenta una de sus mayores crisis en décadas (…) Una familia de ingresos promedio debe ahorrar más de 11 años para comprar una propiedad. En 2003, el periodo de ahorro era de sólo 4 años. En otras palabras, en los últimos 20 años, el acceso a la vivienda se ha postergado dramáticamente, casi triplicándose el periodo de ahorro”, indica el primer capítulo del proyecto.
“Los meses para agotar la oferta disponible, lo que se conoce como la velocidad de ventas se ubicó, en el 2024, en 31 meses en promedio, que corresponde al máximo de los últimos 20 años. En promedio, los meses para agotar stock entre 2015 y 2019, era de 19 meses, mientras que en los últimos 5 años el promedio se ubica en 28 meses”, añade el texto.
También se indica que las “presiones inflacionarios” han incrementado en la Unidad de Fomento, “impactando particularmente en la carga financiera de las personas, definida como el porcentaje de ingresos mensuales que tienen que destinar al pago de deudas”.
“Todo lo anterior conllevó a una presión sobre los presupuestos de las personas y las familias”, se advierte. A su vez, se agrega que “el incremento de las tasas de interés de largo plazo se explica tanto por las condiciones de los mercados externos como por la menor profundidad del mercado de capitales local”.
En el segundo inciso, sobre “La situación del sector construcción e inmobiliario”, no hay espacio para dobles lecturas: “Los aumentos en valor de sus materiales, fletes y combustibles, junto con el aumento del precio del dólar, han impactado sus costos. A lo anterior se ha sumado una menor actividad, comprimiendo sus márgenes y deteriorando la capacidad de pago de las empresas”, se indica.
Así, se observa que las ventas de vivienda nuevas, con posterioridad al estallido social y durante los años de pandemia, se redujeron de manera significativa. El promedio anual de viviendas vendidas entre 2015 y 2019 fue de 64.685 unidades, mientras que el promedio anual en los últimos 5 años se ubica en 46.796, lo que representa una reducción de un 28% y cerca de 18 mil viviendas menos al año.
Por último, se explica en el proyecto, “el stock de viviendas terminadas ha ido sostenida y preocupantemente al alza, llegando a superar las 100.000 viviendas al tercer trimestre de 2024. Las proyecciones de la Cámara Chilena de la Construcción muestran que ‘el stock -más de 104.000 unidades- tardaría casi tres años en agotarse, si no se implementan medidas disruptivas’”. El presidente de la misma asociación aseguró que más de 67.000 viviendas, que están en condiciones de iniciar de inmediato su construcción, no lo harían a causa del gran stock disponible.
Frente a la crítica situación del sector y con un déficit habitacional en constate ascenso, para que el proyecto avance y vea la luz dependerá del Congreso, que la próxima semana iniciará su receso legislativo, en un año que también estará marcado por las elecciones presidenciales y legislativas.
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