Mientras la agenda política se concentra en la contingencia eleccionaria, en el Parlamento avanzan proyectos que buscan reducir la “permisología” y acelerar la inversión en construcción.
Por Leonardo Núñez
Al margen de las tensiones políticas que dominan la discusión pública, en el Congreso se desarrollan debates que apuntan directamente a uno de los problemas más críticos del país: el déficit habitacional y la paralización de proyectos.
El diputado Juan Manuel Fuenzalida, presidente de la Comisión de Vivienda, en el conversatorio “El golpe silencioso a la vivienda” organizado por El Diario Inmobiliario, destacó que actualmente se tramitan tres iniciativas que podrían destrabar inversiones y reactivar el empleo en la construcción.
Los proyectos en curso buscan complementar la Ley 21.718, ya vigente, que introdujo mecanismos para agilizar los permisos de construcción.
Entre ellos se encuentra la ley marco de autorizaciones sectoriales, que crea un sistema unificado para ordenar más de 280 trámites; la modificación de normas para acelerar permisos de urbanización y edificación; y una reforma al sistema de planificación territorial que apunta a reducir a tres años el plazo de aprobación de un plan regulador.
Para Fuenzalida, la excesiva burocracia se ha convertido en un freno insostenible para el desarrollo habitacional. “La grasa oculta que enfrentamos es el gran enemigo de la reactivación económica”, advirtió, recordando que incluso proyectos tan relevantes como hospitales han quedado entrampados por trámites ambientales menores.
Las reformas también buscan entregar certeza jurídica y plazos claros. Entre las medidas concretas, se establecen declaraciones juradas de inicio y término de obras para reemplazar permisos menores, reducción del tiempo para alzar hipotecas de 45 a 10 días, y obligaciones a las empresas de servicios básicos y a los Conservadores de Bienes Raíces para responder en plazos acotados.
Además, los proyectos incorporan incentivos inéditos como la figura de “proyectos estratégicos”, que podrán reducir a la mitad sus tiempos de tramitación, y un régimen de estabilidad regulatoria de hasta ocho años para evitar cambios normativos que frustren la inversión. Con ello, se busca estimular la entrada de capitales privados y dar continuidad a iniciativas inmobiliarias de gran escala.
El impacto laboral también está en el centro de la discusión. La paralización de obras ha golpeado con fuerza al empleo en el sector, que históricamente ha sido un motor de absorción de mano de obra. Según Fuenzalida, estas reformas no sólo buscan aumentar la oferta de viviendas, sino también recuperar dinamismo en una industria clave para la reactivación económica y la cohesión social.
En este escenario, la discusión técnica sobre “permisología” y modernización territorial avanza de manera silenciosa, pero con efectos decisivos para el futuro del país. “Se trata de cambios que pueden determinar si en diez años seguimos hablando de déficit habitacional o de un sector en expansión que da oportunidades a miles de familias”, enfatizó el diputado.
Se trata de una iniciativa que contempla reclusión entre 61 días a 5 años, así como multas que van desde los $680 mil a 3,4 millones de pesos para quienes se dediquen a esta práctica. Por Leonardo Núñez La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó legislar el proyecto de ley que busca sancionar con pena de […]
